Las investigaciones sobre la desaparición y posterior hallazgo de la adolescente Ángela Aguirre en aguas del río Caroní estuvieron llenas de irregularidades desde que fue reportado el hecho. Tanto, que fue una comisión especial de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, enviada desde Caracas, la que tomó el caso.

Ahora, cuando ya hay siete imputados que esperan por audiencia preliminar, fue radicalizada la causa y judicialmente también será llevada desde Caracas.

A continuación, algunas claves sobre cómo las irregularidades y la presunta corrupción que han rodeado el caso terminaron por sacarlo de las instituciones judiciales de Bolívar para ser manejado en la capital del país.

1-La comisión especial del Cicpc de Caracas fue la encargada de la primera autopsia practicada a Ángela. El caso también fue asignado a una Fiscalía con competencia nacional, a cargo de la fiscal Emily Hernández, quien solicitó un segundo examen forense, cuyos resultados contradijeron el primero.

2- La audiencia de presentación de José Cedeño, José Zorrilla, Glauber Zorrilla, Wilmer Díaz, Orlando Salazar, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza – los siete detenidos – fue diferida en cuatro oportunidades. La fiscal solicitó la declinación de competencia del Tribunal en materia de violencia de género y que fuese pasada la causa a uno de control, el cual se declaró también incompetente.

3- Fue el Tribunal Supremo de Justicia el que decidió que la causa la llevara el Tribunal Primero de Control en materia de violencia contra la mujer, en Puerto Ordaz. Para entonces, la fiscal Hernández había sido recusada por la defensa de la familia de Ángela Aguirre, alegándo parcialidad hacia los detenidos y de presuntamente haber recibido sobornos a cambio de la liberación de estos.

4- Previo a la audiencia de presentación se filtró un audio atribuido a la víctima. En el material se escuchó a la adolescente, llorando, acusar a Cedeño de haber abusado sexualmente de ella.

 

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