Yasnaia Villalobos, defensora de dos generales y otros acusados de conspirar en el mismo caso del fallecido capitán Rafael Acosta Arévalo, dijo que este lunes 12 de agosto venció el plazo para la acusación pública. Denunció que la Fiscalía añadió elementos probatorios  inexistentes. Se solicitó que la Dgcim sea relevada de la investigación.

El Tribunal Militar Tercero de Control que lleva el caso de los 5 militares y 2 ex funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acusados de conspirar, hace mes y medio, no ha entregado los resultados de las pruebas médicas tras las denuncias sobre torturas.

La abogada Yasnaia Villalobos, defensora de varios de los detenidos, algunos de los cuales están recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acusados del plan que el gobierno bautizó como “Operación Vuelvan Caracas”, dijo que “la tortura se evidenció en la audiencia de presentación, el 28 de junio. A mi petición, el tribunal acordó exámenes médicos forenses realizados efectivamente a los imputado,s el día 29 de junio, y que jamás hemos visto en el expediente judicial, pese a que ratifiqué la solicitud de que se recabara y agregara el dictamen médico”.

Villalobos se refiere a la misma audiencia a la que fue llevado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció justo el 29 de junio. La abogada es la representante de los generales Ramón Lozada Saavedra (Guardia Nacional) y Miguel Sisco Mora (Aviación), el coronel Miguel Castillo, el primer teniente Carlos Eduardo Lozada, así como Miguel Ibarreto Sabino  y  José Valladares Mejías, quienes fueron efectivos del Cicpc.

Enfatizó que “el salvaje trato al que fueron sometidos, se tiene certeza de que no se llevó a cabo en Caracas.

Asimismo, Villalobos puntualizó que la fiscalía tampoco ha respondido sobre la petición de que se relevara de la investigación a la Dgcim por violaciones constitucionales y la contaminación de toda la investigación.

Dijo que esta solicitó la hizo porque el organismo castrense  “incurrió en un grave conflicto de intereses al desempeñar simultáneamente los roles de órgano aprehensor, órgano de reclusión y órgano investigador especial. Al cierre de la presente fase, sólo hemos  obtenido como respuesta el total obstáculo a obtención de reproducción del Cuaderno de Investigación Fiscal como también de las copias de la intercepción de las comunicaciones y los videos mencionados en el expediente de investigación y que a la presente fecha no constan ni hemos podido ver”.

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