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Productores agrícolas denuncian que la empresa Agrofan privilegia a los «enchufados» a quienes, en 2018, entregó 70% de los insumos, pero solo sembraron 50% del área. Ante las denuncias de la ONU sobre la violación del derecho a la alimentación, el argumento  gubernamental son las sanciones y la «guerra económica» estadounidense.

En su política de incorporar a la organización castrense en el desarrollo nacional como se estableció en la Constitución de 1999, el Gobierno asignó a los militares tareas clave en la producción y distribución de alimentos. Sin embargo, esta estrategia no ha sido suficiente para atender toda la demanda del país, con lo cual la Fuerza Armada Nacional (FAN) parece que perdió la guerra contra el hambre.

Para esta batalla, el Ejecutivo se ha valido de un variado armamento, dentro del que destacan: la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS); la creación del Estado Mayor Superior de la Alimentación; la designación de ministros que provienen de los cuarteles tanto en el despacho de Alimentación como de Agricultura; de generales al mando de diferentes rubros (maíz, arroz, caraotas, etc.); la creación de la empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional (Agrofan); y la incorporación de la milicia a la actividad productiva y distribución de alimentos.

El Gobierno controla desde el suministro de los insumos y semillas para la siembra, pasando por la producción, distribución y comercialización, hasta la importación de materia prima y productos terminados. A pesar de ello no se ha logrado el objetivo de “incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad para toda la población, de forma oportuna, permanente y a precios accesibles”.

La grave situación alimenticia en el país fue certificada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, en su informe del 4 de julio de 2019, en el que enfatizó: “El Gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias”.

La funcionaria de la ONU reconoció que, en los últimos meses, el Gobierno ha solicitado y aceptado ayuda, pero ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de la población.

Agrofan privilegia a los enchufados

En mayo de 2019 el Gobierno informó que Agrofanb tenía previsto sembrar este año un total de 1.000 hectáreas para reproducir la semilla de maíz y garantizar 100.000 hectáreas de maíz en 2020.

“Agrofanb sigue impulsando el tema de la semilla, es importante que seamos independientes para quitarnos esa dependencia que nos enseñaron”, dijo Rafael Ballestero, presidente de Agrofanb. Añadió que en 2018 la estatal llevó a cabo el Plan Zamora con la siembra de 250.000 hectáreas de semillas.

El gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, señaló, en agosto de 2019, durante la inauguración de la primera Expo Feria Agrofanb en Maracay que en los terrenos del Cuartel La Placera sembraron 350 hectáreas de maíz semilla “que permitirá seguir fortaleciendo el sistema alimentario del país”.

En la “unidad de producción” de La Placera participan 20 productores y 35 empresas públicas y privadas, según la viceministra de Planificación y Desarrollo para la Defensa del Ministerio de la Defensa, mayor general Gloria Castillo de Durán.  Sostiene que cumplen las instrucciones dadas por el ministro Vladímir Padrino López, de que “cada uno de los componentes de la FAN asumirá una unidad de producción para sembrar y producir”.

Entretanto, los productores privados, que en 2019 han visto cómo la superficie sembrada se redujo al nivel más bajo en 20 años, siguen sin recibir semillas ni agroquímicos. Denuncian que el Gobierno ha privilegiado, a través de empresas como Agropatria –Agroisleña hasta que fue expropiada, en octubre de 2010, por Hugo Chávez–, Agrofanb y Agrosur, la entrega de suministros agrícolas a empresas afines al gobierno, manejadas por llamados “agroenchufados”.

En 2018 Agrofanb entregó 70% de los insumos a esos “agroenchufados”, y solo sembraron 50% del área.

“Hay un grupo de enchufados que son los que se benefician de Agrofanb y del Ministerio de Alimentación. También les daban asignaciones de arroz, maíz y soya. En ese grupo debe haber varios testaferros de los ministros y de generales. Recientemente les dieron plantas de arroz y de harina precocida”, afirmó un productor del sector privado que solicitó el anonimato.

El año pasado el sector privado denunció que la escasa oferta de insumos de la que dispone la estatal Agropatria es distribuida en su mayor parte a la empresa agrícola militar. En 2017 solo recibieron del Gobierno 30% de los suministros que requerían para cumplir con los programas de producción.

Aun así, el Gobierno obliga a los productores privados entregar entre 30% y 50% de la cosecha a Agrofanb.

Por su parte, Transparencia Venezuela reportó que “la situación de los productores tradicionales es sensiblemente peor desde la creación de Agropecuaria de la Fuerza Armada Bolivariana (AgroFan), en 2013, a través de la cual se impuso el control de los uniformados castrenses sobre la producción del campo venezolano”. Este elemento forma parte del informe “AgroFan y Agropatria: Gobierno y los militares en control del deprimido campo venezolano”, presentado en 2018.

De acuerdo con la investigación, en la que participó Rodrigo Agudo, experto en temas agroalimentarios y asesor de Transparencia en Venezuela, en 2008 la producción privada cubría 70% de la demanda nacional, en tanto, en 2018 la cobertura era de 30%.

“La producción viene cayendo, entre otras razones, por la escasez de los insumos que debe proveer la industria para la siembra, tales como semillas, fertilizantes y maquinarias”, señaló Transparencia Venezuela.

Uno de los productores consultados por la organización no gubernamental (ONG), bajo anonimato, aseguró que “la directriz de Agrofan parece ser la de bloquear al sector privado. Siempre han resultado infructuosos los intentos por coordinar con el Ejecutivo Nacional, o más bien con los militares, alguna política que permita paliar la falta de alimentos en los anaqueles”.

 

Vía TalCual.

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