A dos magistrados del TSJ les prohibieron entrar a territorio peruano

A dos magistrados del TSJ les prohibieron entrar a territorio del Perú

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Perú respaldó una serie de medidas en el marco de la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), entre ellas sancionar o no permitir el acceso a los funcionarios o personas que estén vinculadas con la administración de Nicolás Maduro.


El gobierno de Perú prohibió la entrada y deportó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales, cuando trataban de ingresar a ese país.

Ambos magistrados del TSJ fueron retenidos durante tres horas en el aeropuerto internacional de Lima antes de ser deportados. Alfonzo y Delgado Rosales viajaron a Perú para participar en la Cumbre Judicial Iberamericana.

Las autoridades sostuvieron que sobre los magistrados del TSJ aplicaban una serie de «restricciones de tipo migratorio, ordenadas por el gobierno peruano».

Perú forma parte del Grupo de Lima, una coalición de países que busca una salida pacífica a la crisis venezolana, y además pertenece a los más de 55 países que reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario encargado de Venezuela.

Recientemente, el gobierno de Perú respaldó una serie de medidas en el marco de la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), entre ellas sancionar o no permitir el acceso a los funcionarios o personas que estén vinculadas con la administración de Nicolás Maduro a su territorio.

Además, tanto Alfonzo como Rosales se encuentra dentro de la lista de sancionados por Estados Unidos y Canadá por su vinculación con el régimen de Maduro y su posible responsabilidad en violaciones de derechos humanos.

«Atropello» de Perú

El régimen de Nicolás Maduro rechazó en un comunicado la prohibición de ingreso a territorio peruano de los magistrados Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales, pues representa un «atropello» a estos funcionarios y «atenta contra los valores del multilateralismo y la cooperación internacional».

Según la Cancillería venezolana, las restricciones migratorias de Perú constituyen una «flagrante violación de sus obligaciones» como país anfitrión de la Cumbre Judicial Iberoamericana, «así como de los convenios internacionales celebrados y ratificados por ambas naciones».

También solicitaron al gobierno peruano, inmerso en una crisis institucional, «a evitar que hechos como este se repitan, y apegarse al Derecho Internacional como norma que rige las relaciones de dos Estados soberanos».

La magistrada Indira Alfonzo Izaguirre pertenece a la Sala Electoral del TSJ.  Es conocida por ser una de las que declaró improcedentes seis de siete medidas cautelares en contra de los diputados opositores electos en Amazonas, y proclamados luego de las elecciones del  6 de diciembre de 2015.

Por su parte, Arcadio Delgado es vicepresidente de la Sala Constitucional, y fue el autor de la sentencia que restó a la Asamblea Nacional el poder de supervisión y control sobre el resto de los poderes.

El 30 de marzo de 2018, el magistrado fue sancionado por el gobierno de Panamá por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. . .


 

 

 

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