Gran parte de la dinámica política del país ha ido marcada en los últimos cuatro años por las acciones de la Asamblea Nacional (AN), con mayoría opositora desde las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuando la extinta Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 112 escaños en el parlamento venezolano.

La Constitución prevé que se instale el período de sesiones de la Asamblea Nacional el 5 de enero o incluso antes. En esta sesión, se realiza la escogencia de la junta directiva compuesta por un presidente, primer y segundo vicepresidente, un secretario y un subsecretario.

Desde 2016 la mayoría opositora ha respetado un «acuerdo de gobernabilidad de la Asamblea Nacional», firmado por los partidos pertenecientes a la MUD en ese entonces y que establecía que organizaciones políticas tendrían la responsabilidad de designar a los diputados para ocupar los cargos de la directiva.

Para 2020 – 2021 (el último periodo de la AN en manos de la oposición), este acuerdo se romperá debido a la casi segura reelección de Juan Guaidó (Voluntad Popular – Vargas) en la Presidencia del parlamento venezolano, con el fin de mantener asegurada la presidencia interina en base al Estatuto de Transición aprobado por la Asamblea Nacional en febrero de 2019.

Y es que Guaidó contaría con una base de 93 diputados para reelegirse en el cargo. Estos parlamentarios fueron los que aprobaron los cambios en el Reglamento Interior y de Debates de la AN, realizada el 17 de diciembre de 2019, con el objetivo de permitir el voto a distancia de los legisladores en el exilio o la clandestinidad debido a la persecución política.  

Entre esos diputados en el exterior hay votos como el de Germán Ferrer, quien renunció al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2017, expresó su apoyo a la oposición y desde entonces se encuentra exiliado en Colombia junto a su esposa, la fiscal Luisa Ortega Díaz

Aunque el PSUV tiene previsto asitir a la sesión del 5 de enero, se desconoce si postularán una junta directiva distinta a la que propongan los cuatro partidos que reúnen la mayor cantidad de diputados en la AN (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo).

Del lado de las minorías opositoras, se habla de la postulación de Timoteo Zambrano (secretario nacional de Cambiemos, partido integrante de la mesa de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro).

Guaidó no contará con el voto de la fracción Independientes por el Cambio (tres principales y un suplente) y se desconoce si contaría con el apoyo de la fracción 16 de julio (Vente Venezuela y aliados), que reúne en total a cinco diputados principales, pues han hecho serios cuestionamientos a su gestión.

Desde principios de noviembre de 2019, se denunció la existencia de una trama de sobornos a diputados para restarle votos a Juan Guaidó durante su reelección, conocida como la «Operación Alacrán» o «maletín verde».

Guaidó y Maduro

En esta supuesta compra de diputados principales y suplentes, denunciada por José Guerra a principios de noviembre, se ha señalado a los parlamentarios Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez, todos de Primero Justicia e investigados por el escándalo en la Comisión de Contraloría, de ser los que captan y ofrecen el dinero a cambio de restarle votos a Guaidó el 5 de enero.

Voluntad Popular fue uno de los primeros partidos en denunciar la compra de diputados luego de una denuncia de Luis Stefanelli. Esta organización expulsó de sus filas al diputado José Gregorio “Goyo” Noriega tras acusarlo de haber recibido los sobornos, que según sus fuentes serían provenientes del régimen de Maduro.

También se ha vinculado a José Antonio España, José Gregorio Aparicio, Adolfo Superlano y Leandro Domínguez, de la fracción Independientes por la Renovación y el Cambio, que también fueron expulsados del partido Cambiemos por razones «éticas».

La última denuncia sobre el tema la hizo la organización Movimiento por la Democracia e Inclusión (MDI) que expulsó a la diputada Arkielly Perfecto, exparlamentaria del Movimiento Tupamaro y que renunció a ese partido en 2019 para dar su apoyo a Guaidó.

Ahora la diputada Lucila Pacheco (VP – Zulia), que renunció a Patria Para Todos a mediados de 2018 para dar su apoyo a la oposición, también anunció que no apoyará la reelección. Pero el parlamentario Tony Geara, coordinador de VP en Bolívar, aseguró que ya conocían que «había recibido sus churupos», en referencia a los sobornos.

 

Vía TalCual

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