Confusión interpretativa genera decreto de suspensión de alquileres

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En el día de ayer se hizo  pública la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.522 y se establece por Decreto presidencial Nº 4.169 dictado en el marco del “Estado de Alarma, atender la emergencia sanitaria del Coronavirus (Covid-19), por medio del cual se suspende el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal.

Al respecto, consultados los abogados especialistas en la materia, manifestaron que hay un gran vacío en relación a las pérdidas que ocasionara a los dueños de locales  o vivienda principal, quienes no tienen ningún subsidio por parte del Estado por las pérdidas que ocasiona no recibir el canon de arrendamiento, siendo para muchos su medio de vida.

Sin embargo, el artículo 3, establece que “Las partes de los respectivos contratos de arrendamiento podrán acordar, mediante consenso, términos especiales de la relación arrendaticia en el plazo a que refiere este Decreto a los fines de adaptarla a la suspensión de pagos; para lo cual podrán fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan. En ningún caso, podrá obligarse al arrendatario o arrendataria a pagar el monto íntegro de los cánones y demás conceptos acumulados de manera inmediata al término del plazo de suspensión.

Indica además que “Si las partes no alcanzaren un acuerdo acerca de la reestructuración de pagos o el refinanciamiento del contrato de arrendamiento, someterán sus diferencias a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI), en el caso de los inmuebles destinados a uso como vivienda principal, y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) cuando se trate de inmuebles comerciales, para dirimir estos conflictos y en caso de ser necesario intermediaran en el establecimiento de las nuevas condiciones que temporalmente aplicaran para las partes”.

Según los abogados, de acuerdo a lo anterior, el arrendatario no está obligado a pagar, hasta el 1º  de septiembre, pero una vez terminado el lapso, si el arrendatario no quiere cumplir el pago, el arrendador no lo puede obligar a pagar por Fuerza Mayor, el arrendatario alegaría el “Hecho del Príncipe” donde la responsabilidad del arrendatario es eximida por causa imputable a un tercero que es el Estado.

Significa que la obligación de pago existe, lo que no se puede es exigir durante la vigencia del decreto y tratar de pactar o reestructurar su pago. Se trata de una suspensión más no una exoneración, tal como lo indica el artículo 1 “se suspende hasta el 1º de septiembre de 2020”, explicó el abogado Pedro Laprea.

Alí Daniels, Director de Acceso a la Justicia, dice que la suspensión no tiene que ser hasta la fecha que menciona el decreto porque puede ser acortada si se reanuda la actividad comercial, los que están exceptuados son los locales comerciales o restaurantes dedicados a la venta de alimentos para llevar.

Finalmente, está el tema importante y el cual dice que el Ejecutivo Nacional podrá evaluar con los arrendatarios y arrendadores debidamente organizados,  mecanismos que propendan al sostenimiento del equilibrio económico, en tal sentido esto podría ser la gran falla del decreto, según el abogado, porque para los pequeños y medianos arrendadores esta  medida puede ser muy dura ya que no hay soluciones compensatorias o subsidios del Estado y muchas personas se verían afectadas, también tomando en cuenta que al cabo de seis meses los bolívares estarían devaluados si fue pactado el arrendamiento en moneda nacional.

Asimismo, desde el punto del estado de Derecho el decreto establece una proporcionalidad de Estado de Alarma que va mas allá de lo establecido en la Constitución, que son 30 días y otros prorrogables, mientras que este decreto va mucho más allá.

 

@SusanaMorffe

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