¿Es posible una decisión de la CPI contra Maduro? (+Análisis)

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La investigación preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las presuntas violaciones de Derechos Humanos ocurridas en Venezuela está por terminar. Esto, a pocos días de que la fiscal Fatou Bensouda termine su período en la CPI.

Pero, fue esta funcionaria quien determinó en su informe anual en el 2020 que “existen fundamentos razonables” para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad.

¿Qué pasará una vez finalizado este primer examen?

“Ese informe pasa a la sala de cuestiones previas. Luego, la sala decide si va a haber un juicio o cierra el caso”, explicó  el profesor de la Universidad de Columbia, Carlos Ponce, en entrevista para la Voz de América

En el caso que la Corte avance con la investigación y finalmente admita celebrar un juicio, se emitirían órdenes de captura para los acusados.

“Si viaja Maduro y hay una orden de captura, lo pueden arrestar. Eso tiene un impacto de imagen, tiene un impacto de gobernabilidad (…) Probablemente eso va a estar muy cerca de la elección en Venezuela en el 2024, con lo cual cambia un poco los escenarios del juego de ese momento”, explicó Ponce.

Los crímenes de competencia de la Corte no prescriben, y el tribunal puede imponer penas máximas de 30 años de prisión. Sin embargo, de forma excepcional, puede dictaminar sentencias de cadena perpetua.

Por su parte, Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, destaca que, si el proceso avanza, el caso de Venezuela se convertirá en un “precedente muy importante para que gobernantes de otros países lo conozcan. El diplomático añade que “ha llegado el momento de que no solamente el objetivo de la Corte sean personajes que estén en África”.

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Nuevo fiscal

La investigación sobre el caso “Venezuela I” en la CPI no ha estado exento de polémicas. Organizaciones como la OEA han destacado en el pasado la demora en el proceso.

Expertos vaticinan que el próximo 15 de junio, con el fin del mandato de Besouda y la llegada de su homólogo británico, Karim Khan, las pesquisas podrían tomar un nuevo rumbo.

“El nuevo fiscal es un especialista en el área criminal, en el área de procedimiento, y puede ser mucho mejor en montar un buen expediente”, explica Carlos Ponce.

“Karim Khan ofrece una personalidad muy distinta a Bensouda (…) tiene una visión más global de lo que son los Derechos Humanos en el mundo, así que estamos muy esperanzados”, añade Diego Arria.

Las denuncias de Tarek William Saab

La fiscalía venezolana presentó recientemente nuevas acciones ante la CPI.

“Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que, hasta la fecha, no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados”, detalla un comunicado del Ministerio Público.

Además de una petición de cooperación judicial, el documento también menciona una solicitud de control judicial.

“Esta petición ha sido presentada ante la Sala de Cuestiones Preliminares de dicha institución para que esta se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de Examen Preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que en el caso de Venezuela está siendo paradigmático”, indica el texto.

Entre tanto, Marino Alvarado, activista por los DD.HH, explicó: «De iniciarse una investigación entramos es una dinámica muy parecida a un juicio penal nacional: declaración de testigos, de víctimas, análisis de pruebas y se pueden dictar órdenes de comparecencia o de arresto de los presuntos responsables de los crímenes».

Aclaró que «las órdenes de arresto las dicta cuando para la Corte existan motivos para creer que el acusado es responsable de algunos de los crímenes de su competencia y se quiere asegurar que la persona comparezca en el juicio; se cree que el acusado puede poner en riesgo el desarrollo de la investigación; o para impedir que se sigan cometiendo crímenes ya que la libertad del presunto responsable puede traducirse en nuevos crímenes y más víctimas afectadas por sus actuaciones»

«El Estatuto por el cual se rige la Corte Penal Internacional es muy claro en cuanto a que el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso lo eximirá de responsabilidad penal ni constituirá un motivo para reducir la pena», sostuvo, en un artículo de opinión para el Universal.

Janet Yucra

Con información de la VOA y El Universal

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