Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo

Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, IX Fase – Centésima primera entrega

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(Continuación)

La necesidad de equilibrar la frágil memoria que nos ha caracterizado como venezolanos, requiere que nos mantengamos muy atentos a la serie de circunstancias que se han suscitado en algún momento histórico del país con relación al tema del Esequibo, y que precisamente debieron publicarse a través de los distintos medios tanto la semana transcurrida con el intervalo de esta, en la que por ejemplo, el 22 de noviembre de 1614, soldados españoles en nombre del Reino de España, procedieron al desalojo de los colonos holandeses que habían usurpado la margen occidental del Río Esequibo, conformando ello un antecedente demostrativo del ejercicio de la soberanía española sobre el Territorio Esequibo, perteneciente a Venezuela al momento de haber alcanzado la independencia prácticamente dos siglos después.

Adicionalmente, el 19 de noviembre de 1834, la Royal Geographical Society de Londres, instruyó al geógrafo de origen prusiano, Robert Schomburgk, sobre las intenciones en el Territorio Esequibo, en las que éste personaje adulteró el mapa de Venezuela en el Esequibo, adjudicando espacios que no le corresponden a Gran Bretaña, hecho que incidió posteriormente en la decisión tomada entre los jueces británicos y ruso, de despojarle al territorio venezolano 19.542 kilómetros cuadrados; así mismo, el 21 de noviembre de 1978, fue publicado en el periódico guyanés “The Mirror”, la denuncia realizada sobre el entendimiento acordado confidencialmente entre el Gobierno guyanés y el Predicador Jim Jones, para la conformación bajo el pretexto de una comunidad agrícola, de una secta religiosa en el Esequibo, cuya misión particular estuvo orientada a su actuación simulada, estableciendo una zona de barrera (Buffer Zone), ante una supuesta agresión militar que se venía gestando en Venezuela; también, el 20 de noviembre del año 2015, frente a la Embajada de Venezuela en Georgetown, un grupo de guyaneses realizaron una protesta, intentando anular la pretensión venezolana sobre la usurpación de Gran Bretaña y del gentilicio guyanés como heredero al momento de obtener su independencia, sobre el espacio geográfico integral del Esequibo.

Tres años después, el Gobierno de Guyana procedió a introducir la demanda contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, a propósito de dirimir sobre la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899, siendo dicho organismo jurídico, la principal instancia judicial de la Organización de las Naciones Unidas, hecho que conlleva una vez más como se ha resaltado en distintos escritos, a que el tema en sí sea manejado como un problema de Estado y no de Gobierno únicamente, en la que cada ente participante debe involucrarse y cumplir su deber dejando de lado el protagonismo, e inclinarse más bien, a enarbolar como bandera, los mecanismos necesarios para consolidar el sagrado ejercicio de la soberanía e integridad territorial de Venezuela sobre un espacio que históricamente le concede a nuestro país, todos los fundamentos geohistóricos necesarios para arraigar el ejercicio de nuestra autoridad y dominación en el contexto de la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación.

Debemos estar muy conscientes, que abordar este tema, implica afrontar el contexto de un espacio geográfico integral, que conforma en su territorio continental 159.542 km², que agregado a la ventaja estratégica que le proporcionan los espacios acuáticos en el Océano Atlántico, se estaría abarcando una extensión que giraría alrededor de los 400.000 Km 2 , en el que Venezuela desde la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, debió haber llegado a una solución práctica y satisfactoria con el Gobierno de Guyana, en el que pudiese ejercer hoy en día y de manera plena, su soberanía e impulso de su desarrollo nacional, así como despliegue de acciones para el control de las distintas modalidades geográficas mediante el uso de las conectividades fluviales allí existentes, pero la realidad es que desde hace cincuenta y cinco (55) años, es la República Cooperativa de Guyana quien se ha venido apropiando ilegítimamente de los recursos disponibles, afectando sensiblemente el sentido de exclusividad del gentilicio venezolano, factor fundamental establecido como uno de los pilares en el contexto de la integridad territorial que se enmarca en el ámbito de la Defensa Integral de la Nación.

Mientras que en nuestro país, a pesar de la riqueza existente en diferentes rubros que nos conceden posiciones privilegiadas a nivel mundial, el Gobierno de Guyana viene desde hace años otorgando ilícitamente concesiones a empresas extranjeras, para la exploración y explotación de diferentes recursos en los espacios tanto continental como marítimos, asociándose con éstas, en procura de obtener el mejor aprovechamiento a costillas de todos los venezolanos, y sin ningún tipo de reciprocidad que derive en beneficio alguno para nuestro gentilicio; es por ello, que se requiere por parte del Estado venezolano la necesidad de una actitud sustentada en acciones y adopciones de medidas que atiendan con mayor amplitud y profundidad el Interés Nacional. El discurso de Guyana ante la comunidad internacional presentándose como la nación empobrecida que está lidiando ante una Nación poderosa como lo es Venezuela, debe acabarse de una vez por todas, o es que se requiere de condiciones especiales para visualizar la situación actual de los venezolanos, aun con todos los recursos existentes?

El Gobierno de Guyana ha utilizado desde hace años este discurso, y cual trabajo de hormiga que le ha resultado muy provechoso, además del descaro en utilizar los recursos que no le pertenece, aprovechándose de la posición venezolana como fiel y respetuosa del Acuerdo de Ginebra de 1966, logró mediante el apoyo del Secretario General de las Naciones Unidas y el apoyo financiero de la empresa trasnacional Exon Mobile, que actualmente opera ilegítimamente en los espacios acuáticos del Esequibo, recibir quince millones de dólares americanos (USS 15.000.000,00 $), para cubrir los gastos al introducir una demanda en el año 2018 contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, a propósito de dirimir a través de dicho organismo jurídico la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899, y el 18 de diciembre del año 2020, la citada Corte determinó su jurisdicción para conocer y decidir sobre el caso presentado por el Gobierno de Guyana.

Es así, que una vez determinada la competencia jurídica sobre el contexto de la demanda, el litigio pasó a nueva etapa, denominada “de méritos”, en la que a partir de allí, se inició el proceso de revisión y evaluación de los asuntos de fondo de la acción introducida por Guyana, en la que por razones obvias, se debió definir la estrategia matriz que orientaría las posibles acciones del Estado venezolano, a fin de atender a cada una de las variables que conforman la ecuación central del litigio. En este sentido, es necesario recordar que al momento de haberse introducido la demanda por parte de Guyana, Venezuela explicó ante la Corte de La Haya, que se mantendría en el marco legal establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por Venezuela, Gran Bretaña y Guyana, en el que por cierto, no se habían cumplido los pasos allí establecidos para con el Secretario General de las Naciones Unidas, tomándose éste atribuciones que no le corresponden, aunado a la decisión unilateral de Guyana en demandar, cuya decisión no fue aceptada por el Gobierno Nacional, por lo que se estarían creando condiciones propicias hacia la conformación de tensiones innecesarias en la región; sin embargo, no podemos dar la espalda a esta realidad, ni tampoco tapar el sol con un dedo, dado que la realidad en paralelo a la decisión de Venezuela, estriba en que la referida instancia judicial internacional, estaría desarrollando etapas procesales que tienen un carácter inapelable, basado en las reglas de procedimiento establecidas tanto en el Estatuto como en el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia.

Es aquí donde vuelvo una vez más a presentar la necesidad de una reevaluación por parte de Venezuela, en cuanto a la introducción de una contrademanda hacia Guyana, en la que se asienten las razones enmarcadas en el Acuerdo de Ginebra de 1966, en la que se señale que Guyana cometió graves equivocaciones al generar acciones violatorias de dicho Acuerdo, pero a la vez, acompañar dicha demanda con toda la documentación que el Derecho Internacional le asiste al país, aunado a los fundamentos geohistóricos irrefutables que tenderían a facilitar la toma de una decisión correcta, esperando que dicho organismo jurídico lo haga basado en la verticalidad y en la ética, sobre lo viciado y nulo del Laudo Arbitral de París de 1899; de hecho, la presentación de las memorias de cada país involucrado en el caso, previstas para su presentación en las fechas establecidas para cada una de las partes, requiere una reevaluación en cuanto a la actuación venezolana, de manera que se logren neutralizar las pretensiones guyanesas.

Aunado a lo anteriormente mencionado, el Gobierno de Venezuela tiene también la facultad de insistir y recordarle en el contexto jurídico a la Corte Internacional de Justicia, la obligación ineludible en atender lo que está claramente establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, y que Guyana ha violado abiertamente al seguir cediendo concesiones sobre un espacio geográfico continental y marítimo que se encuentra en litigio, lo cual ha ocurrido al igual que la demanda introducida por Guyana, luego de la firma del citado Acuerdo de Ginebra, por lo que el organismo jurídico mencionado, debe proceder a dictaminar las medidas temporales orientadas a la preservación de los derechos de las partes, obligándolas a abstenerse de ejecutar actividades que tiendan a agravar el litigio en cuestión.

Cuando hago mención sobre la necesidad de implementar medidas temporales, estas se corresponden con la necesidad de proteger los derechos de las partes, mientras que la Corte Internacional de Justicia no se pronuncie sobre una decisión definitiva, y aun cuando Venezuela haya decidido no participar en el proceso, dado que si Guyana actuó unilateralmente al intentar enlodar el entendimiento bilateral requerido, y el organismo jurídico internacional decidió su competencia sobre el caso, conociendo el contenido del Acuerdo de Ginebra de 1966, debería manejarse éste, mediante un pronunciamiento integral y no a conveniencia en beneficio de una de las partes, siendo necesaria la adopción de medidas temporales, en las que el Gobierno de Guyana debe suspender inmediatamente toda actividad económica y de otros ámbitos del Interés Nacional, que puedan perjudicar a Venezuela. De lo contrario, cuan confiable sería realmente la gestión que desarrolla actualmente la Corte Internacional de Justicia en cuanto a la sustentación de una balanza de equilibrio para dirimir o no la validez del Laudo Arbitral de 1899? Los hechos hasta ahora hablan por sí solos.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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