Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo

Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, IX Fase – Centésima segunda entrega

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(Continuación)

Ante las distintas circunstancias presentadas que han tendido a dificultar la realidad sobre el proceso de entendimiento entre el Gobierno de Guyana y de Venezuela, sobre la reivindicación del espacio geográfico integral del Esequibo, el cierre del mes de noviembre merece recordar algunos eventos ocurridos a lo largo de este proceso histórico, que no necesitan mayor explicación ante el lector, y que representan una contradicción inequívoca inclusive en el contexto político, entre lo que abarca el marco de la cooperación y de la reciprocidad, a propósito de favorecer las condiciones propicias hacia establecer un mejor clima de acercamiento entre las partes involucradas; en este contexto, el 26 de noviembre de 1895, dos años antes de la firma del Tratado de Washington, Lord Salisbury instruyó a Julián Pauncefote, para que éste justificase a como dé lugar, las pretensiones territoriales inglesas mediante la reivindicación de los derechos que le otorgaba a éstos la herencia territorial holandesa, y posterior ocupación forzosa de tierras, descalificando con ello a Venezuela, en aprovechamiento de la inestabilidad política que vivía el país.

Así mismo, para el 26 de noviembre de 1999, un siglo después e la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, en los espacios acuáticos aun por delimitar en el Atlántico entre los Gobiernos de Guyana y Venezuela, el Bloque petrolero «Stabroek», cuyo espacio marítimo abarca 26.500 km 2, fue otorgado unilateral, inconsulta y arbitrariamente como concesión por parte del Gobierno de Guyana a la empresa Exxon y posteriormente a la empresa china Cnnoc, siendo Presidente del país guyanés la Señora Janet Jagan, nacida en los Estados Unidos de América, viuda del también Presidente de esa nación,.el Sr. Chedy Jagan, y como siempre ha ocurrido, Guyana ha utilizado como parte de su estrategia el compartir su problemática con otros países, amparándose con ello bajo la falda y los pantalones protectores de otras naciones, por lo que le otorgó esas concesiones a empresas pertenecientes a países del primer mundo, buscando frenar las acciones que pudiese generar el Estado venezolano mediante la presencia de las unidades del Componente Armada en dichos espacios, y lo más irónico de todo esto, es que un año antes, el Presidente de Venezuela en ese entonces, Rafael Caldera, le había otorgado a dicha Presidente de Guyana, la Orden de El Libertador.

En el año 2015, precisamente el 27 de noviembre, los Países que forman parte de la Commonwealth, en la que varios de estos habían recibido los beneficios que les otorgaba el programa de Petrocaribe, mediante la comercialización del crudo a precios preferenciales y por debajo del mercado internacional, aunado a que Venezuela les condonó también sus deudas, acusaron abiertamente a nuestra Nación de arremeter contra Guyana ante el reclamo que se venía realizando por la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo.

Por otra parte, el 29 de noviembre del año 2017, la empresa Mina Omai retomó el ejercicio de operaciones en el espacio geográfico continental del Esequibo, participando la misma a través de la inversión financiera realizada por la empresa canadiense Mahdia Gold Guyana Inc, cuyo monto inicial de participación fue de quinientos millones de dólares americanos (USS 500.000.000,00 $); en lo particular considero que fue un error el hecho de no haberse producido la protesta diplomática por parte del Estado venezolano.

Más adelante, y atendiendo al contexto cardinal del presente artículo, en marzo del año 2018, se llevó a cabo la introducción de la demanda de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando dirimir la validez o nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899; en este contexto, el suscrito ha considerado dividir el escrito de esta semana en dos partes, atendiendo a los dos posibles escenarios que pudiesen suscitarse de la tendencia presentada por el organismo jurídico internacional, quien ya manifestó su competencia sobre la materia; es por ello, que se presenta a continuación el análisis prospectivo de una primera posibilidad de ocurrencia, lo cual se sustenta en el acontecimiento ocurrido en el año 2021, en el que se presentó el Informe anual del organismo jurídico ya señalado, del 01 de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021, dirigido a la Organización de las Naciones Unidas, siendo escrito textualmente en el punto 10, lo siguiente:

  1. El 29 de marzo de 2018, Guyana presentó una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela. En su demanda, Guyana solicitó a la Corte que confirmara “la validez jurídica y el efecto vinculante del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, relativo a la frontera entre la colonia de la Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela”. Como fundamento de la competencia de la Corte, el demandante invocó el artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo para Resolver la Controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la Frontera entre Venezuela y la Guayana Británica, firmado en Ginebra el 17 de febrero de 1966 (el “Acuerdo de Ginebra”), y la decisión del secretario General de las Naciones Unidas, adoptada el 30 de enero de 2018, de elegir, de conformidad con ese Acuerdo, a la Corte como medio para la solución de la controversia.
  1. El 18 de junio de 2018, la República Bolivariana de Venezuela informó a la Corte que, en su opinión, esta última carecía manifiestamente de competencia para conocer del asunto y que había decidido no participar en el procedimiento.
  2. Mediante providencia de fecha 19 de junio de 2018, la Corte decidió que en el procedimiento escrito en la causa se trataría primero la cuestión de su competencia, y fijó el 19 de noviembre de 2018 y el 18 de abril de 2019 como plazos respectivos para la presentación de una memoria por Guyana y una contramemoria por la República Bolivariana de Venezuela.
  3. La memoria de Guyana se presentó dentro del plazo establecido. mediante carta de fecha 12 de abril de 2019, la República Bolivariana de Venezuela confirmó que no participaría en el procedimiento escrito, aunque declaró que, en su momento, proporcionaría a la Corte información para ayudarla “a cumplir su deber, en virtud del Artículo 53, párrafo 2, de su Estatuto”. El 28 de noviembre de 2019, la República Bolivariana de Venezuela presentó a la Corte
    un documento titulado “Memorando de la República Bolivariana de Venezuela sobre la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018”.
  4. Las audiencias públicas sobre la cuestión de la competencia, que estaba previsto inicialmente que se celebraran del 23 al 27 de marzo de 2020, se aplazaron debido a la pandemia de COVID-19. Posteriormente, el 30 de junio de 2020, se celebró una audiencia pública por videoconferencia en la que participaron los magistrados de forma presencial o a distancia y la delegación de Guyana a distancia.
  5. El 18 de diciembre de 2020, la Corte pronunció su fallo sobre la cuestión de la competencia. La parte dispositiva del fallo es la siguiente: “Por las razones que anteceden, La Corte, 1) Por 12 votos contra 4, se declara competente para pronunciarse sobre la demanda interpuesta por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018, en la medida en A/76/4 21-11074 35/53 que se refiere a la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, y a la cuestión conexa de la solución definitiva de la controversia sobre la frontera terrestre entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. A favor: Yusuf, Presidente; Xue, Vicepresidenta; Tomka, Cançado Trindade, Donoghue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Crawford, Salam, Iwasawa, Magistrados; Charlesworth, Magistrada ad hoc; En contra: Abraham, Bennouna, Gaja, Gevorgian, Magistrados; 2) Por unanimidad, Declara que carece de competencia para pronunciarse sobre las reclamaciones de la República Cooperativa de Guyana derivadas de hechos ocurridos después de la firma del Acuerdo de Ginebra”.
  1. Mediante providencia de fecha 8 de marzo de 2021, la Corte, después de examinar las opiniones de las partes, fijó el 8 de marzo de 2022 y el 8 de marzo de 2023 como plazos respectivos para la presentación de una memoria por Guyana y una contramemoria por la República Bolivariana de Venezuela. (el subrayado es nuestro)

En el marco de este nuevo pronunciamiento, una vez determinada la competencia jurídica sobre el contexto de la demanda, ello implicaría que el litigio pasó a nueva etapa, denominada “de méritos”, en la que a partir de allí, se inició el proceso de revisión y evaluación de los asuntos de fondo de la acción introducida por Guyana, en la que por razones obvias, ya debería haberse definido la estrategia matriz que orientaría las posibles acciones del Estado venezolano,
a fin de atender a cada una de las variables que conforman la ecuación central del litigio.

En este sentido es necesario recordarle al lector, que al momento de haberse introducido la demanda por parte de Guyana, la explicación de Venezuela ante la Corte de La Haya, manifestando que se mantendría en el marco legal establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, cuyo documento fue firmado por Venezuela, Gran Bretaña y Guyana, en el que no se habían cumplido los pasos allí establecidos para con el Secretario General de las Naciones Unidas, tomándose éste atribuciones que no le corresponden, aunado a la decisión unilateral de Guyana en demandar, cuya decisión no fue aceptada por el Gobierno Nacional, se estarían creando condiciones propicias hacia la conformación de tensiones innecesarias en la región; sin embargo, no puede darse la espalda a esta realidad, dado que la situación en paralelo a la decisión de Venezuela, estriba en que la referida instancia judicial internacional, estaría desarrollando etapas procesales que tienen un carácter inapelable, basado en las reglas de procedimiento establecidas tanto en el Estatuto como en el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia.

Por ello, es que el Gobierno de Venezuela tiene también la facultad de insistir y recordarle a la Corte Internacional de Justicia, la obligación ineludible en atender lo que está claramente establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, y que Guyana ha violado abiertamente al seguir cediendo concesiones sobre un espacio geográfico continental y marítimo que se encuentra en litigio, lo cual ha ocurrido al igual que la demanda introducida por Guyana, luego de la firma del citado Acuerdo de Ginebra, por lo que el organismo jurídico mencionado, debería proceder categóricamente a dictaminar las medidas temporales orientadas a la preservación de los derechos de las partes, obligándolas a abstenerse de ejecutar actividades que tiendan a agravar el litigio en cuestión.

Cuando se hace mención sobre la necesidad de implementar medidas temporales, estas se corresponden con la necesidad de proteger los derechos de las partes, y mientras que la Corte Internacional de Justicia no se pronuncie sobre una decisión definitiva, y aun cuando Venezuela haya decidido no participar en el proceso, dado que si Guyana actuó unilateralmente al intentar enlodar el entendimiento bilateral requerido, y el organismo jurídico internacional decidió su competencia sobre el caso, conociendo el contenido del Acuerdo de Ginebra de 1966, debería manejarse éste, mediante un pronunciamiento integral y no a conveniencia en beneficio de una de las partes, siendo necesaria la adopción de medidas cautelares, en las que el Gobierno de Guyana debe suspender inmediatamente toda actividad económica y de otros ámbitos del Interés Nacional, que puedan perjudicar a Venezuela y viceversa.

Con base a este último pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya, se procede a continuación a presentar un análisis prospectivo, tomando en consideración los dos posibles escenarios que podrían derivarse de la declaración emitida por el Organismo Internacional señalado, tomando en cuenta para ello algunos de los siguientes factores:

  1. Si la Corte Internacional de Justicia se inclina a favor de Guyana en cuanto a que el Laudo Arbitral de París de 1899 Sí es válido, sin tener competencia dicho organismo sobre las reclamaciones de ese país, derivadas luego de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.
  • Bajo este escenario, debe considerarse en principio, que el pronunciamiento realizado sobre la competencia de la Corte Penal Internacional para dirimir o no la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, constituye claramente una acción contradictoria del mismo Tribunal, puesto que si dicha acción se estaría originando mediante la demanda introducida por Guyana el 29 de marzo de 2018, es decir, después de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, y dado que por unanimidad, dicho Tribunal se declaró que carece de competencia para pronunciarse sobre las reclamaciones de la República Cooperativa de Guyana derivadas de hechos ocurridos después de la firma del Acuerdo ya señalado, lógicamente la demanda realizada carecería de fundamento jurídico, puesto que la misma conforma la serie de eventos que se suscitaron luego del compromiso adquirido entre Gran Bretaña, Guyana y Venezuela en 1966, mediante la firma del Acuerdo firmado en Ginebra, cuyo concierto se originó, como consecuencia de la reclamación venezolana sobre el despojo sufrido en el espacio geográfico integral del Esequibo.
  • También, se estaría aceptando que la combinación de intereses creados en aquel entonces entre Rusia y Gran Bretaña, prevalecieron por encima de una realidad geohistórica, la cual tuvo además, un carácter obligante y amenazador en cuanto a su aceptación para con los jueces norteamericanos, hecho que por demás, conllevaría a que se estaría convalidando la legalidad del despojo territorial sufrido por Venezuela, y en consecuencia, se estaría aceptando que la posición asumida por los jueces representantes de los Gobiernos participantes, careció de interés y de peso jurídico para la Corte Internacional de La Haya, pero en paralelo se estarían manteniendo abiertas las puertas para un arreglo pacífico acordado entre Guyana y Venezuela en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, mas ello, no contemplaría abordar el tema sobre la controversia territorial, lo que dificultaría establecer un adecuado proceso de entendimiento, dado que se pretendería llegar a otros arreglos colaterales basados en otros factores, como la reorientación de la política exterior mediante la participación en programas conjuntos de desarrollo sobre diferentes materias, participaciones combinadas en diferentes actividades de integración, manejos del tema relacionado con la delimitación de los espacios acuáticos, etc., entre otros, sumatoria de hechos que constituirían un frontal irrespeto al Estado venezolano, en especial a su gentilicio.
  • En caso de ser validado el Laudo Arbitral de París de 1899, varios países, en especial los del Caribe Oriental, ratificarían más aun el apoyo directo a Guyana, así como el de otros países aliados, en el que Estados Unidos y Canadá, estarían integrados en franco apoyo al reconocimiento de Guyana sobre el Esequibo, pese a la responsabilidad y a la deuda moral que tiene el Gobierno norteamericano con nuestro país, a raíz de la inclinación a conciencia realizada en favor de Gran Bretaña y Rusia a espaldas de Venezuela, siendo ello descubierto años después en la Carta dejada para su apertura luego de su fallecimiento, escrita por el Abogado Principal norteamericano que defendió los intereses venezolanos, Severo Mallet-Prevost, quien manifestó el modo en que se generó la pérdida territorial de la República, equivalente a 159.542 kilómetros cuadrados.
  • Para la Organización de las Naciones Unidas, un pronunciamiento del ente jurídico que le rinde cuentas anualmente a dicho organismo sobre su gestión, aun cuando admitiese la validez de un Laudo Arbitral que en su esencia es viciado y nulo, le daría un peso considerable a la decisión tomada, que tendería muy probablemente a favorecer la actuación del Secretario General de las Naciones Unidas, al haber considerado acudir certeramente a esa instancia judicial, por lo que el rol de dicho Secretario General, se abocaría posteriormente a reorientar las acciones de éste en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, creando posibles condiciones de acercamiento para el desarrollo de los dos países
  • involucrados (Venezuela y Guyana), y por supuesto, ello partiendo del cierre de la página correspondiente al litigio territorial sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, por lo que la posición venezolana, contraria a esta tendencia, conllevaría nuevamente a un reclamo que pondría de nuevo al país en el mismo punto de inicio de 1966, luego de la firma del Acuerdo de Ginebra de ese año, y Guyana se negaría más aun a seguir negociando sobre el tema, teniendo ya un soporte jurídico internacional reafirmando la decisión tomada en 1899, aunado al apoyo del Secretario General de las Naciones Unidas, y de varios países y organismos internacionales, por lo que la ecuación matriz de este tema estaría inmersa en una mayor complejidad de entendimiento que la situación actual.
  • Aunado a ello, la delimitación de los espacios acuáticos entre Guyana y Surinam, pronunciada por la Comisión de Límites para la delimitación de la plataforma continental y límites marítimos, la cual se llevó a cabo sin tomar en consideración la reclamación venezolana sobre un territorio despojado por Gran Bretaña desde 1899, en la que dicha Comisión utilizó uno de los puntos geográficos costeros correspondientes al espacio continental del Esequibo, daría por ratificada para Guyana dicha delimitación, en la que el país vecino estaría ocupando como de costumbre, espacios que no le pertenecen, pero para los efectos del pronunciamiento emitido por la Corte Internacional de Justicia sobre la validez del Laudo Arbitral de París, ello sería el punto de partida válido para Guyana, a propósito de presionar en aras de iniciar la delimitación con Venezuela en los espacios acuáticos del Atlántico; de hecho, a pesar que dicha delimitación ocurrió luego de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, Guyana tendría como argumento que el Compromiso señalado no tiene peso alguno en la delimitación marítima realizada con Surinam, puesto que el punto geográfico utilizado como referencia en el Esequibo por la Comisión respectiva, fue convalidado, y es perteneciente al espacio continental de la República Cooperativa de Guyana, hecho que incidiría en el trazado de la delimitación de los espacios acuáticos entre las partes.
  • Para Venezuela, ello implicaría la necesidad obligante de un cambio en su política exterior, al estarse creando condiciones inapropiadas y alejadas del espíritu con el que se conformó la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, abriendo una sensible brecha que incrementaría las tensiones entre las partes involucradas, además de las presiones que se estarían generando de parte de Guyana en firmar el Tratado de delimitación de las aguas marinas y submarinas en el Océano Atlántico, hecho que Venezuela no podría realizar con Guyana, si ello no se acompaña con la delimitación del espacio geográfico continental del Esequibo, por lo que el juego estaría obstruido en el contexto de una situación probablemente crítica, y el Gobierno de Guyana continuaría actuando unilateralmente, acechando bajo la figura manipuladora que la ha caracterizado, y afectando los intereses de Venezuela en esa región.
  • Por otra parte, Venezuela se vería obligada a incrementar su gasto militar, dado que debería estar preparada para elevar su presencia operacional con mayor ahínco en los espacios acuáticos del Atlántico mediante la presencia de los buques pertenecientes al Componente Militar Armada, al igual que las unidades aéreas de la Aviación Naval y del Componente Militar Aéreo, puesto que el Gobierno de Guyana tendería unilateralmente a incrementar su presencia y entrega de concesiones marítimas en mayores bloques y sectores a empresas trasnacionales, que intentarían incidir ineludiblemente en la soberanía e integridad territorial de la República, y con ello, se estaría profundizando más aún el efecto de la estrategia utilizada por Guyana en cuanto a compartir su problemática con otros países, colocando con ello en el tapete, el tema de la delimitación de las aguas marinas y submarinas en el Océano Atlántico, en el que estaría manifestando que el trazado limítrofe entre ambos países partiría desde Punta Playa, intentando quitarle con ello a Venezuela, el peso requerido al litigio territorial sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, además de intentar el anulamiento sobre el efecto de la Línea de Base Recta establecido en el Decreto 1.152 desde el Gobierno del Presidente Raúl Leoni.
  • Se estaría propiciando un escenario tendiente ineludiblemente al enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que alejaría más todavía las posibilidades de una integración acorde a la ventaja estratégica, por las posiciones geográficas de ambos países en el continente con su salida al mar a través del Océano Atlántico; y mientras se genera alguna condición propicia para retomar el proceso de entendimiento, Guyana continuaría victimizándose a expensas de otros países, explotando los recursos que le pertenecen a todos los venezolanos, colocando una mayor cantidad de trabas para descalificar al país ante la comunidad internacional, y manteniendo el statu quo en cuanto a la administración única del Territorio Esequibo, pero ahora con mayor fuerza, al tener como soporte la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia.
  • Como consecuencia de la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia, los derechos de Venezuela serían nuevamente lesionados, mientas que Guyana seguiría haciendo presencia en el Esequibo, generando sensibles daños en el medio ambiente y en la biodiversidad allí existente, además de crear condiciones para que proliferen serias amenazas a la seguridad de la región, mediante la presencia del narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, el crimen organizado, etc.
  • El Gobierno de Guyana fortalecería la apertura de un nuevo frente estratégico y geoeconómico en cuanto al mercado petrolero regional y mundial, intentando neutralizar las acciones venezolanas sobre este particular, considerando las reservas probadas que han sido encontradas, aunado a la presencia de empresas trasnacionales que continuarían en sus labores de exploración y explotación en los diferentes bloques marítimos; atendiendo a los intereses de otros países, y creando sólidas alianzas; sin embargo, una decisión de esta naturaleza podría ser más bien una torpeza mayúscula de Guyana, considerando la disponibilidad de recursos existentes en Venezuela, la posición ineludible como país vecino, y la proyección geopolítica integral que podría evitar cerrar cónsonas puertas en un futuro inmediato, hecho que le daría un ficticio respiro al país, pero en definitiva, le otorgaría a Guyana la decisión de cerrar en definitiva el tema sobre el litigio territorial.

En el artículo de la semana entrante, se abordará el escenario contrario, el cual se corresponde con la realidad histórica y la justica que acompaña a Venezuela en este litigio, es decir, analizar el contexto sustentado sobre si la Corte Internacional de Justicia se inclina a la NO validez del Laudo Arbitral de París de 1899, y ello, sin tener competencia sobre las reclamaciones de Guyana derivadas luego de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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