Policía venezolana, cada vez más deficiente y peligrosa para los ciudadanos

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Hace más de un mes, el pasado 9 de abril, las autoridades anunciaron la detención de seis agentes del Cicpc, por su presunta participación en el asesinato, dos días antes, de Daniel Lezama, en un restaurante en Carúpano, estado Sucre. Pretendían hacer creer que la víctima era un delincuente que quiso resistirse a la autoridad.

Pese a que el director del cuerpo, Douglas Rico, se apresuró a calificar el hecho como una «mala práctica policial» en la que incurrieron unas «manzanas podridas», este tipo de situaciones se producen en el país con una escalofriante frecuencia.

Así lo revela el informe de la ONG Acceso a la Justicia que señala que «la administración de justicia penal en Venezuela y los organismos de seguridad, están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden».

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La investigación

Para sustentar esta aseveración, la ONG hizo una investigación sobre la base de datos publicados entre 2016 y 2021 por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Los mismos arrojan que 30.088 venezolanos fueron asesinados por agentes policiales y efectivos militares en presuntos enfrentamientos a la autoridad.

«Estos escalofriantes números podrían explicar por qué la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación sobre Venezuela», señala la organización.

Se afirma en el texto que «las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido durante el Gobierno de Maduro son solo uno de los tantos delitos que prevé el Estatuto de Roma».

Acceso a la Justicia publicó en 2020, el informe El servicio de policía venezolano: Entre la realidad y la percepción (2000-2019).

Allí se concluía que «los venezolanos no solo están a merced del hampa sino de quienes supuestamente deben protegerlos».

Sin rastros


En este nuevo estudio se denuncia que las policías se están haciendo cada vez más ineficientes. Y como prueba de ello se destaca que el número de homicidios en averiguación no para de crecer.

Así, el 2021 cerró con 4.003 homicidios en averiguación, mientras que un año antes fueron 3.507, según contabilizó el OVV. ¿Qué significa esto? Que en estos casos no se han identificado a los presuntos autores de las muertes ni tampoco se han esclarecido las causas de las mismas.

«Estas cifras ponen en tela de juicio la efectividad del CICPC, sobre todo porque este tiene la responsabilidad constitucional y legal de hallar a los responsables de los delitos que ocurren en el país», afirma la ONG.

En el reporte se deja entrever que esto podría ser consecuencia de las reformas legales que el chavismo ha aprobado en los últimos años y las cuales han «otorgado mayor autonomía y discrecionalidad al CICPC en la conducción de la investigación penal, en detrimento de la autoridad del MP».

Asimismo, en el informe se recuerda que este organismo figura entre los más señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con los datos manejados por organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Proiuris.

La militarización es el problema


Acceso a la Justicia concluyó en su investigación que «la militarización es una de las causas por las cuales los cuerpos policiales se han convertido en una amenaza para los ciudadanos, en especial aquellos que habitan en las zonas populares».

«Si la racionalidad bélica con la que se guían los militares se aplica a la lucha contra el crimen, puede haber consecuencias fatales, y esto es lo que en efecto ha ocurrido en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad del Estado, en particular la policía, son responsables de más muertes», subraya la investigación.

También se recuerda que «80% de quienes han ocupado el cargo de Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde 1999 han sido generales o almirantes activos o en situación de retiro».

Además, desde 2014, «Nicolás Maduro ha venido aprobando normas legales en las que se le da a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana más potestades en materia de seguridad ciudadana».

De hecho, 27 textos legales «contabilizó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, y entre ellas destaca la resolución n.° 8610 que el ministro de Defensa dictó en enero de 2015. A través de esta normativa se autorizó a los militares a intervenir en reuniones y manifestaciones públicas usando armas de fuego en casos extremos, algo expresamente prohibido en la Constitución».

Para la ONG, «estas medidas no solo representan una desviación de lo establecido en la carta magna y en las leyes, sino que contradicen lo establecido por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha advertido sobre el uso de los militares en temas de seguridad al recordar que la historia del continente está plagada de casos en los que esta opción ha traído como consecuencia graves crímenes y violaciones a los derechos humanos».

Janet Yucra

Con información de Acceso a la Justicia

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