Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, XII Fase – Centésima trigésima segunda entrega

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11 minutos de lectura

(Continuación)

Por: José Chachati Ata

Los acontecimientos actuales que exacerban las nuevas realidades que dinamizan el campo geopolítico regional y global, aunado a la interacción de los ámbitos geoestratégicos y geoeconómicos que han marcado una alerta significativa en el continente y el mundo, han proporcionado una serie de variables muy importantes en la ecuación matriz del litigio existente sobre el espacio geográfico integral del Esequibo entre Venezuela y Guyana, cuya atomización requiere definir con suma especificidad los puntales que deberían conformar la plataforma actual de evaluaciones y decisiones por parte de quienes tienen en sus manos esta asidua responsabilidad frente al gentilicio nacional, por lo que es importante colocar a flor de agua la realidad y complejidad de esta situación.

Reconstruyendo, desde la creación de la Capitanía General de Venezuela hasta la independencia de Venezuela heredada de los españoles, estaba claramente definido el Territorio de la República hasta el río Esequibo, y sin conflictos posteriores a la independencia del país, ni altercados existentes, ni demostraciones ajenas de posesiones históricas, ni de firmas de documentos mediante Tratados o Acuerdos, Gran Bretaña generó un reclamo infundado de un territorio que sumado a la arbitraria actuación del geógrafo prusiano Schomburgk, quien modificó el trazado original tres veces adicionales sin explicación alguna, se culminó en la firma del Tratado de Washington de 1897, en el que a Venezuela no se le permitió participar pero sí al Gobierno inglés, y en 1899, y con la participación de los Gobiernos de Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, se produjo la nefasta sentencia del Laudo de París de 1899, la cual culminó con la pérdida de 159.542 kilómetros cuadrados a favor de Gran Bretaña. Y me pregunto, si Venezuela tenía las bases geohistóricas que sustentaban desde la creación de la Capitanía General de Venezuela, la claridad sobre la pertenencia del territorio venezolano hasta el río Esequibo, y no hubo
conflicto alguno con Gran Bretaña ni reclamo alguno con el territorio conformado desde dicha Capitanía General, entonces, ¿de dónde salió la apetencia británica de manifestar que el territorio Esequibo le pertenece a dicho país? ¿Por qué fue modificada por Schomburgk la línea del territorio en
reclamación tres veces de la línea original, sin haber sustento alguno que justifique dicha acción, y fue aceptado por los jueces participantes? ¿Por qué no se le permitió al Gobierno de Venezuela asistir a defender sus intereses con la firma del Tratado de Washington de 1897, y tuvo que ser forzosamente
aceptado que los Estados Unidos de América representasen a Venezuela ante el litigio con Gran Bretaña? ¿Por qué el Edecán del Libertador Simón Bolívar, General O´Leary alertó en carta escrita al Gobierno Británico sobre la importancia estratégica para ese país que representaba Punta Barima como punto geográfico de entrada para América del Sur? ¿Dónde está el sustento justificativo geohistórico, que indujo a la decisión de la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de 1810 obligando a Venezuela a la aceptación de una decisión que no tuvo asidero que soporte la decisión adoptada? Usted estimado lector
dirá, qué calificativo se le pondría a esta sumatoria inicial de hechos ocurridos.

Esta situación se mantuvo hasta que a mediados del siglo XX les fue enviado tanto al Gobierno de los Estados Unidos de América como de Venezuela, la carta escrita por el Abogado Principal norteamericano que representó al Gobierno de Venezuela, Severo Mallet-Prevost, para su publicación después de su muerte, en el que éste explicó la componenda manipulada entre los Gobiernos de Rusia y Gran Bretaña, aunado a la presión que ejercieron estos jueces sobre los norteamericanos para obligarlos a la aceptación de lo establecido en el Laudo Arbitral de París de 1899, y fue desde allí que se inició el proceso histórico que arribó años después, a la aceptación de la reclamación venezolana mediante la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, entre los Gobiernos de Guyana, Gran Bretaña y Venezuela, siendo este documento la base fundamental y NO el Laudo Arbitral de París de 1899, sobre el que se basaría un nuevo proceso de
entendimiento entre las partes para arribar a una solución práctica y satisfactoria entre los Gobiernos sobre el litigio territorial existente sobre el Territorio Esequibo.

Y ante estos eventos propiciados en el siglo XX, nuevamente pregunto: ¿Qué otra justificación que no sea el atender a su conciencia, conllevó a que basado en sus principios éticos y morales, Severo Mallet-Prevost escribiese la carta sobre la realidad ocurrida detrás del telón, en el que reveló antes de morir, la
componenda entre los intereses de los Gobiernos de Rusia y Gran Bretaña para manipular y forzar al Gobierno de los Estados Unidos de América a la aceptación de la decisión nefasta contra los intereses de Venezuela? Si el Laudo Arbitral de París de 1899, no quedó atrás para los efectos jurídicos, entonces ¿para qué Gran Bretaña y Guyana firmaron conjuntamente con el Gobierno de Venezuela el Acuerdo de Ginebra de 1966, en aras de buscar por la vía pacífica, una solución aceptable, práctica y satisfactoria para ambas partes?

Ello, indiscutiblemente representa hoy en día una contradicción total para el Gobierno de Guyana, hecho al que se le sumó en mi opinión, la renegada y hasta fementida actuación del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien se prestó confabuladamente con el Gobierno de Guyana para proceder sin pasar por los diferentes mecanismos establecidos en el Artículo 33 de la Carta de la ONU, a forzar el uso del medio judicial a través de la Corte Internacional de Justicia, sabiendo que éste organismo jurídico le rinde cuentas a la Organización de las Naciones Unidas, que dicha decisión favorecía solo a los intereses de Guyana, y que el Gobierno de Venezuela no estuvo de acuerdo con el uso de este medio hasta tanto se agotase el uso de otras formas de acción.

Y aquí, nuevamente pregunto: ¿qué intereses tuvo y tiene el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas en favorecer solo los intereses del Gobierno de Guyana mediante la participación de la
Corte Internacional de Justicia? ¿Por qué el Secretario General de las Naciones Unidas no implementó ningún otro mecanismo contemplado en el Artículo 33 de la Carta de la ONU, sino que saltó directo al último peldaño que lo conforma la vía judicial, dado que el mecanismo de los Buenos Oficios no formaba parte de los medios establecidos, sino que ello había sido sugerido por el Gobierno de Venezuela, y fue aceptado por todas las partes involucradas? ¿Por qué se decidió implementar un mecanismo que
rompe con el espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966, donde una sola de las partes estaba de acuerdo y la otra no?

Y fue así que el Gobierno de Guyana con el apoyo financiero de la empresa trasnacional norteamericana Exxon Mobil, siendo ésta quien luego de haber recibido licitaciones ilícitas de exploraciones y explotaciones petroleras en los espacios acuáticos del Atlántico, le aportó a éste quince millones de dólares para sufragar los gastos necesarios, procedió a demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando la validez del Laudo Arbitral de París de 1899 y la delimitación definitiva entre ambos países, en el que se le adjudiquen los 159.542 kilómetros cuadrados que forman parte del espacio geográfico continental del Esequibo, los cuales como se mencionó al principio, son parte del territorio venezolano correspondiente geohistóricamente a las provincias de la Capitanía General de Venezuela, ello declarado en la independencia de 1810, y firmado en el acta respectiva un año después, en 1811, día de júbilo nacional. ¿Con qué derecho Guyana le dio la espalda al Artículo V del Acuerdo de Ginebra de 1966, otorgando concesiones ilícitas en los espacios acuáticos no delimitados en el Océano Atlántico, a diferentes empresas trasnacionales? ¿Por qué Guyana se ha beneficiado unilateralmente de los recursos extraídos por las empresas Exxon Mobil (norteamericana) y de la Petrolera China National Offshore Oil Corporation, cuando todo ello le pertenece al sentido de exclusividad de todo el gentilicio venezolano? ¿Por qué el Secretario General de las Naciones Unidas se mantuvo y aún se continúa en un silencio complaciente ante estas continuas violaciones, aceptando que el Gobierno de Guyana le siga dando la espalda al Acuerdo de Ginebra de 1966, único documento vigente para llegar a un entendimiento sobre el litigio territorial sobre el Esequibo? ¿Por qué el Gobierno de Venezuela no ha sido más contundente en el derecho que le asiste de evitar estos continuos atropellos tanto del Gobierno de Guyana como de las empresas trasnacionales que se encuentran ilícitamente explotando los recursos de Venezuela en nuestro
Estado Esequibo y sus espacios acuáticos?

Y en medio de todos estos atropellos, fue que el 30 de enero del 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó unilateralmente que se había agotado la etapa de las negociaciones diplomáticas directas entre Venezuela y Guyana, y decidió remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia, por lo que el Gobierno del país vecino procedió a demandar a Venezuela, en una coyuntura en el que el escenario reinante apunta por un lado, a la conformación de sensibles amenazas manejadas por la presencia del narcotráfico con elevados índices de corrupción gubernamental, y por el otro, considerando la potencialidad energética descubierta en los espacios acuáticos del Esequibo con los yacimientos petrolíferos allí existentes, hecho que le ha brindado por ahora, un vuelco económico sustancial al Gobierno de Guyana, y que además, le otorga mayor complejidad al litigio en sí; pero en paralelo, el Gobierno de Venezuela decidió que no intervendría en el proceso, enviando por escrito las razones de la posición asumida; por lo que la Corte Internacional de Justicia desestimó dicha posición venezolana y se declaró competente jurídicamente para atender el caso, cuyo pronunciamiento apuntaría a pronunciarse en cuanto a la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899, así como a establecer la línea fronteriza entre Guyana y Venezuela. Y yo nuevamente pregunto: si la Corte Internacional de Justicia
manifestó su competencia jurídica sobre la demanda introducida por Guyana contra Venezuela, ¿por qué dicho organismo jurídico apegado a la ley, no emitió una medida cautelar, a fin de evitar la exploración y explotación petrolera por parte de empresas trasnacionales, a quienes el Gobierno de Guyana les concedió la licitación de manera ilícita, contraviniendo lo establecido en el Artículo V del Acuerdo de Ginebra de 1966? ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia admitió una demanda que se contradice con lo establecido en el propio Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por los Gobiernos de Venezuela, Gran Bretaña y Guyana?¿Por qué se lleva a cabo un proceso judicial absurdo en el que es obvio que Guyana necesita como única alternativa la aprobación del Laudo de París de 1899, dado que de otro modo, carecería de basamentos geohistóricos sólidos que demuestren la pertenencia de dicho territorio? ¿Por qué el Gobierno de Guyana acudió como parte de su política exterior, a recostar su actuación y responsabilidad en manos de otros actores de la comunidad internacional, como lo ha hecho permanentemente, y el Secretario General de las Naciones Unidas se prestó para favorecer solo los intereses de Guyana? ¿Por qué Guyana llevó el caso a esa instancia jurídica, si las condiciones posibles y probables deberían ineludiblemente inclinarse hacia Venezuela, país que tiene las pruebas de pertenencia irrefutables, mientras que Guyana solo tiene el riesgo de la aprobación o no de un Laudo Arbitral manejado tóxicamente, que arribó a una solución en el que los guyaneses recibieron el territorio cedido de los ingleses sin tener historia alguna que demuestre lucha de ninguna naturaleza para obtener una
reprobada independencia?

La situación actual estriba en que a raíz de lo establecido en los Estatutos propios de la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno venezolano presentó el 7 de junio del 2022, unas objeciones preliminares, en el que se objeta la admisión de la demanda introducida por el Gobierno de Guyana y se nombraron a tres representantes venezolanos, por lo que Guyana como era de esperarse, calificó estas objeciones como un recurso dilatorio, y así queda pendiente la respuesta de la Corte de La Haya para la posterior continuación del juicio.

Mientras tanto, la ocupación y administración del territorio en reclamación lo viene ejerciendo el gobierno guyanés y en lo particular mantengo algunas reservas en cuanto a la credibilidad del organismo jurídico internacional para el manejo de este caso; ahora bien, el siglo XXI parecía en principio proyectar un panorama para los venezolanos de mayor y mejor proceso de integración nacional e internacional, a través del mejoramiento de la solidaridad y complementación de actividades con los esequibenses-venezolanos y guyaneses, lo que se traducía en apariencia, en un singular interés con estructuración sostenida mediante la conformación de condiciones adecuadas para la apertura al mercado internacional, variable que en la ecuación matriz del litigio existente, disminuiría el rechazo y distanciamiento observado hasta finales del siglo pasado, y con ello, se estaría coadyuvando a borrar lenta pero constantemente el fraccionamiento del territorio que alcanzó en una época oscura para el país, la desarticulación y aislamiento del espacio geográfico venezolano, es decir, que se había generado a conciencia y forzadamente por intereses de otras potencias, la disgregación del espacio; sin embargo, el escenario en positivo que se visualizaba, duró realmente muy poco, al generarse escalonadamente las acciones (a criterio del suscrito, torpes decisiones) forjadas por el Gobierno de Guyana, mediante el antagonismo de sus políticas ejercidas que colinden inescrupulosamente con el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.

La reconstrucción de esta realidad requiere como se mencionó al principio, de prudentes acciones que emergen precisamente como variables en la actual ecuación matriz del litigio, y que se derivan de la coyuntura estratégica proveniente del nuevo orden mundial, en el que existen distintos factores que bien
manejados a raíz del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, aunado a la crisis alimentaria y energética que se ha presentado, presentan oportunidades que atienden abiertamente al interés nacional de Venezuela, por lo que no se puede continuar en esta incontestable situación, cuyo silencio por un lado y con ácidas
críticas por el otro dentro de nuestro propio gentilicio, se generan posiciones divisorias entre todos los venezolanos, sabiendo que este asunto es un tema de Estado y no de tendencias partidistas, por lo que el rol protagónico y las actuaciones unilaterales requieren revisarse y analizarse para tomar decisiones
encaminadas a rumbos certeros e inmediatos, y no a manipulaciones sujetas a intereses políticos únicamente, dado que esta podría ser dependiendo de cómo se maneje, la heráldica que enarbole con plena certeza y convicción que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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