La reciente decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que autoriza al Estado venezolano el uso de fondos públicos para financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ha generado un intenso debate sobre si este movimiento representa una victoria estratégica de la administración de Delcy Rodríguez o si es, simplemente, una consecuencia inevitable del sistema procesal estadounidense.