El panorama laboral en Venezuela atraviesa un nuevo capítulo de tensiones tras el reciente anuncio gubernamental sobre el ajuste del Ingreso Mínimo Integral (IMI). Mientras el Ejecutivo defiende la medida como un paso «paso a paso» hacia la recuperación del poder adquisitivo, la oposición política y los principales gremios del país han cerrado filas para calificar la acción de insuficiente, denunciando lo que consideran una «bonificación de la economía» que ignora las exigencias legales y las necesidades básicas de la familia venezolana.