En medio de una coyuntura política convulsa y en plena reconfiguración del mapa del poder en Venezuela, el acuerdo entre sectores del chavismo y la oposición para emprender una renovación del sistema de justicia ha encendido un intenso debate público. Para unos, representa un paso inevitable dentro de la dinámica de negociación e institucionalidad; para otros, un síntoma de continuismo y «reciclaje político» que despierta serias suspicacias dentro de la ciudadanía.