La posibilidad de organizar un proceso de elecciones presidenciales en Venezuela en un lapso inferior a doce meses ha reabierto una acalorada discusión entre politólogos, técnicos electorales y sectores de la vida nacional. Mientras algunos analistas ven la iniciativa como una vía rápida para destrabar la crisis institucional y devolver la legitimidad política, expertos en materia de logística electoral advierten que reducir los plazos compromete gravemente las garantías mínimas de transparencia y participación.