“Ejercer una respuesta institucional para impedir que la persecución, vulneración de los derechos, lo que han venido haciendo, cercenando las responsabilidades y los atributos de los diputados electos por el pueblo no tengan efectos”. Las palabras son de la diputada María Beatriz Fernández, momentos después de que 94 parlamentarios aprobaran una modificación parcial a tres artículos del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (Ridan).
En una sesión extraordinaria del martes 17 de diciembre, se realizaron tres reformas a los artículos que hablan sobre los deberes de los diputados, asistencia de las comisiones y la naturaleza de las sesiones para incluir la opción de permitir la presencia de los parlamentarios de forma virtual “en aquellos casos de diputados y diputadas que por motivos de persecución política u otras de fuerza mayor no puedan asistir presencialmente”.
La bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ya había señalado ese día que la pretensión de modificar el Ridan era inconstitucional y además intentaba “anular” a los parlamentarios suplentes al no permitir su incorporación.
La diputada Martínez señaló que lo que se defiende es la participación “de nuestros diputados legítimos en el debate, el ejercicio de la toma de decisiones y en la votación de las plenarias y las comisiones de las cuales forman parte. Que ninguna de las persecuciones logre sus efectos”.
Pero esta reforma también favorece al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien opta por la reelección a su cargo el 5 de enero de 2020. Y es que las denuncias de la llamada “operación Alacrán”, un entramado de sobornos a diputados para boicotear esa elección, ya señalan al menos a 20 diputados, entre principales y suplentes, aunque la cifra podría superar los 30.
Vía TalCual