Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia del régimen que han afectado a los principales partidos políticos de oposición solo muestran que se ha cometido un atentado contra el estado de derecho en Venezuela.
La afirmación la hizo Eglée González Lobato, abogado y exconsultora jurídica del Consejo Nacional Electoral.
«Estas decisiones del TSJ contra los partidos políticos que ellos han llamado una reestructuración de los mismos, es una injerencia, una violación a la autonomía de los partidos políticos en su actividad electoral precisamente. A través de unos amparos que pretendían la incorporación de unos militantes que fueron expulsados, el TSJ decide arrebatar a las autoridades de esos partidos y otorgarle la dirección a aquellos que pedían ser incorporados. Esta es la muestra del quiebre del estado de derecho en Venezuela», aseguró en entrevista con Curadas.
Dijo que la violación es tan grave que le otorgan a esos «nuevos directivos», la «facultad de postular y manejar al partido, nacional y regionalmente».
La experta sostiene que las sentencias «apuntan a unas elecciones no competitivas y además el oficialismo se está garantizando un dominio del Psuv sobre cualquiera que esté en la contienda. Esto socava y limita los espacios para lograr lo que ha sido el objetivo nacional e internacional, como es la solución a la crisis venezolana».
En cuanto a que estas acciones buscan hacer una oposición a la medida del régimen, la experta dijo que se trata de un asunto «muy delicado».
Es más, dijo que los grupos que han acompañado al oficialismo, salvo partidos como el MAS y Avanzada Progresista, tienen que entender que deben exigir que las condiciones electorales sean justas, si no lo hacen, «habrá que concluir entonces que será una oposición que no va a representar esa resistencia al gobierno de Nicolás Maduro que no quiere una solución política para el país, sino que busca obtener todos los poderes, quitando a los partidos que lo adversan y que están representados en la Asamblea Nacional. Esos partidos obtuvieron 90 diputados de 112 en el 2015 y en esa oportunidad tuvieron el mérito histórico de haber logrado la unidad y una mayoría que ni siquiera era pensada en la Constitución».
González Lobato afirmó que esa pérdida de votos para el oficialismo se convirtió en una especie de declaración que dice: «no significa perder el poder. Allí comenzó esa triste historia con la persecución a los diputados y tenemos un grupo que está en el exilio, en embajadas, en la clandestinidad y tras las rejas y así llegamos a este momento, cuando se ha evitado que se dé cualquier tipo de competencia».
Dijo que esto pasa porque el régimen «está convencido de que el deseo de cambio es del 80% y 90%. Sabe que si hace una elección competitiva nuevamente perdería».
La disyuntiva
En el 2005, en Venezuela se produce una situación política muy compleja, la oposición se retira y llama a la abstención. Efectivamente la participación ese año fue solamente de 25%. La consecuencia fue que el Parlamento se tiñó de rojo.
Consultada acerca de si en esta oportunidad se corre el mismo riesgo, Eglée González Lobato aclaró que la oposición real en Venezuela es la que representa la institucionalidad. «La institución de la Asamblea Nacional debe preservarse y la Constitución establece que debe haber unas elecciones que deben realizarse en un contexto que garantice condiciones y que deriven de un acuerdo Nacional. Ahora, dicho esto, la oposición institucional está en un grave problema. Está consciente de que si se realizan elecciones que, aunque no se reconozcan internacionalmente, ese nuevo Parlamento se va a constituir el 5 de enero del 2021. Entonces, ese escenario se parece mucho al del 2005 y con la presencia de unos diputados que se dicen de oposición, pero que solo serán entendidos de oposición en el mismo momento en que acaten la Constitución».
En este sentido, dijo que «lo primero que esos partidos deberían hacer es solicitar la modificación del sistema electoral que no te garantiza que una mayoría nuevamente obtenga una sobre representación del voto», agregó.
Dijo que por años el sistema de adjudicación y de representación de las minorías ha estado regido de tal manera que la aritmética no afectaba la adjudicación de los votos. «El sistema nominal nacional no resta al sistema lista y tampoco en el caso de las regiones. Es es el corazón de estas elecciones. Si los diputados decidieran participar tendrían que estar conscientes de que no podrían usar los símbolos y las tarjetas de los partidos y tendrían que ir en alianzas perfectas».
–¿Cuál es el motivo, a su juicio, del aumento de diputados y por qué el régimen dice que cumplen con las leyes, si durante 20 años, con esas normas se eligieron entre 165 y 167 parlamentarios?
-Esa respuesta la deben dar ellos. Claro que violan las leyes. Es más, invadieron la reserva constitucional, porque fue el Constituyente y, eso lo aprobó el pueblo, que hizo un cálculo que establece un techo al número de diputados que es lo que deriva del artículo 186, previendo que si había un aumento en la población, ese aumento no necesariamente se traducía en un aumento de diputados. La fórmula y metodología aplicada siempre va a dar alrededor de 166 diputados. Entonces aumentar el número a 277 no tiene ninguna explicación y ellos no lo pueden explicar.
Al respecto, Gonzáles Lobato dijo que»pareciera que el gobierno va a tratar de aparentar una la representación de las minorías que en realidad no existe».
Asimismo, dijo que al régimen le preocupa la abstención, «porque saben que no han podido captar realmente a los electores y no representan una verdadera opción para solucionar los problemas. Entonces lo que va a aumentar es la apatía por la elección».
Sin embargo, enfatizó que «lo peor es que la abstención no deslegitima lamentablemente y lo dijimos al principio. Lo que deslegitima es que no hay condiciones».
Elecciones en suspenso
Por otro lado, la especialista hizo una mención especial a los efectos del coronavirus en las elecciones. Dijo que, obviamente, la pandemia en el país «está teniendo un crecimiento exponencial» y eso debe ser tomado en cuenta por los organizadores de los comicios.
Alertó que con la amenaza de la COVID-19 sobre la población y sin una verdadera motivación para que la población acuda a la elecciones, llevar a cabo el proceso será cuesta arriba.
«El coronavirus es una amenaza letal para la vida. Al principio Maduro tomó algunas medidas que podría decirse retrasaron la llegada de la COVID-19, pero después todo se le ha ido de control. Yo no descarto que estas elecciones sean suspendidas. Lo ideal sería que se suspendieran antes de las postulaciones, pero a través de un acuerdo entre todas las fuerzas. Esto sería una segunda oportunidad para replantear estas, elecciones pero no para profundizar la crisis», afirmó.