Las violencias contra las migrantes venezolanas en las zonas de frontera con Colombia se complica con la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19.
En Norte de Santander, el Observatorio de Asuntos de Género publicó el boletín informativo ‘Afectaciones diferenciales en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19’ en el que profundiza sobre la situación de esta población en la región, publicó el diario La Opinión, de Cúcuta.
El estudio involucró a 53 mujeres provenientes de Venezuela que residen en Cúcuta. Adriana Pérez Rodríguez, directora del Observatorio, precisó que en la actualidad se dedican al trabajo informal, al trabajo del hogar o están desempleadas.
El 11% de las encuestadas aseguraron sufrir de violencia económica. La pareja o sus familiares no les permiten trabajar, no tienen control de sus ingresos o se les retienen sus documentos como medida de presión.
Además, que casi todas se encuentran viviendo en entornos de hacinamiento; en lugares reducidos con una o dos familias. “Más de 10 personas en una misma casa, en las que recae las responsabilidades del cuidado del hogar sobre ellas”, añade Pérez.
El boletín reveló que 7% de las encuestadas han sido víctimas de violencia física y psicológica. Los principales agresores son sus propias parejas, las ex parejas, los familiares, integrantes de la fuerza pública y miembros de los grupos armados al margen de la ley.
Prostitución
Otro hallazgo del boletín informativo fue la sexualización de los cuerpos de las mujeres migrantes. Aunque no hay una cifra porcentual, se registraron relatos de mujeres que se dedican a la prostitución producto de redes de trata de personas con fines de explotación sexual.
“Algunas son controladas por actores armados al margen de la ley, que mueven toda clase de economías ilegales, entre ellas la trata de personas y la explotación sexual de migrantes”, profundizó la experta.
El 98% de las mujeres que participó en la encuesta admitió que no están afiliadas al sistema de salud colombiano. Esto las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad en el contexto de la pandemia, por el riesgo de contagio de la COVID-19 y de otras enfermedades que ameriten la atención en salud.
Con información de La Opinión