La Ley del Odio se ha convertido en el “instrumento predilecto del régimen de Nicolás Maduro para amordazar a la prensa y a los periodistas”.
La sentencia la emitió este viernes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo que Maduro utilice acusaciones de “incitación al odio” contra periodistas, con la finalidad de criminalizarlos y coartar la opinión disidente.
La SIP alertó que el instrumento aprobado por la ilegítima ANC en el 2017 , castiga la difusión de mensajes de odio hasta con 20 años de cárcel, multas a empresas y clausura de medios de comunicación.
“Esta es una muestra adicional del asedio del régimen contra los periodistas y la prensa”, señalaron Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Robert Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización, en comunicado difundido por agencias internacionales.
También lamentaron que se disfrace “la censura y la criminalización de la crítica con una legalidad incongruente a los principios internacionales que garantizan libertad de expresión en sociedades democráticas”.
Las detenciones
Condenaron las frecuentes detenciones arbitrarias contra periodistas durante la cobertura noticiosa y las acusaciones de “incitación al odio que el poder político imputa a sus críticos a través de una justicia que carece de independencia y no respeta el debido proceso”.
Entre los incidentes más recientes, el 15 de julio el periodista Otilio Rodríguez fue detenido durante más de 20 horas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por informar sobre la presunta participación de miembros de esa institución en la venta ilegal de gasolina.
Rodríguez, quien trabaja en la radio Pura Candela 93.3 FM y dirige los portales Carupanero.com y Somos Noticia, fue imputado por “instigación al odio”, señaló la SIP en el comunicado.
Ese mismo día, integrantes de la GNB detuvieron durante unas dos horas y despojaron de sus credenciales de prensa al reportero gráfico Gleybert Ascencio y a los conductores Ronald Montaño y Yonathan Torres, de Crónica Uno.
El 13 de julio fue detenido Nicmer Evans, director del portal Punto de Corte, por supuestamente instigar al odio. Su vivienda fue allanada, requisaron equipos electrónicos y la cuenta de Twitter del medio digital fue intervenida.
El 17 de julio el tribunal ratificó la privación preventiva de libertad contra Evans.
Los periodistas Mimi Arriaga, coordinadora del portal 800Noticias, y Marco Antoima, también fueron imputados por instigación al odio.
Ambos están acusados por el presunto manejo de cuentas anónimas en las redes sociales. Arriaga fue detenida el 18 de junio y Antoima el 20 de junio.
Esta semana se les concedió arresto domiciliario, se les prohibió la salida del país y la publicación de otros mensajes que “inciten al odio”.
Además, la SIP reseñó que en de marzo fue detenido durante 12 días el periodista Darvinson Rojas, acusado de “instigación al odio” luego de publicar en Twitter estadísticas sobre el covid-19 en el país.
Con información de agencias