El sistema escolar del país es una verdadera catástrofe, la cual ha empeorado por la pandemia de coronavirus.
La denuncia la hizo la diputada de la AN, Bolivia Suárez, quien rechazó la insistencia del régimen en el comienzo de clases, en unas cuatro semanas.
«El nuevo año escolar no debe iniciarse en septiembre con clases presenciales, hasta tanto no existan las condiciones mínimas de operatividad en los planteles de estudio, sean ajustadas las reivindicaciones salariales al sector educativo y se tomen las medidas de bioseguridad por la pandemia de la COVID-19, para proteger a los maestros, profesores, alumnos y padres y representantes de los contagios», argumentó la parlamentaria.
Durante la reunión en línea de la subcomisión de Educación del Parlamento, Suárez recordó que el sector educativo presentó un manifiesto suscrito por más de 50 organizaciones del gremio, donde se hace el diagnóstico del sistema.
“En este manifiesto se hace un diagnóstico de la catástrofe que se vive en el sector. Allí plantean la necesidad de articular y organizar acciones en conjunto que nos permita atender la emergencia humanitaria compleja en salud y en la educación, rescatar la producción nacional, el salario, el trabajo y los derechos humanos”, explicó.
Agregó que la Asamblea Nacional apoya las acciones plasmadas en este manifiesto, por lo que la Sub Comisión de Educación presentará en los próximos días un acuerdo de apoyo a la posición de los maestros.
“Consideramos desde la Asamblea Nacional que es importante que nos organicemos y articulemos acciones en conjunto que estén presentes los gremios, las federaciones, los sindicatos, los padres, representantes y los estudiantes para que esas acciones tengan efectos en el colectivo y logremos remar hacia lo que queremos los venezolanos, salir de esta pesadilla que estamos viviendo”, precisó la diputada Suárez.
Reveló que una de las estrategias a seguir es «hacer un plan de agitación en lo que resta de agosto y las dos primeras semanas de septiembre, que pueden ser protestas presenciales, pero tomando en cuenta el protocolo de protección por la pandemia del COVID-19».
Informó que varios sindicatos del sector educativo realizaron una encuesta para ver si estaban de acuerdo con iniciar el año escolar en septiembre como lo planteó el régimen a través de Aristóbulo Isturiz, “el verdugo de la educación”.
“El 80 por ciento de los gremios, sindicatos y padres y representantes que participaron manifestaron que no están de acuerdo. Es lógico porque los planteles no tienen las condiciones de operatividad, sobre todo en las regiones la mayoría de las escuelas y liceos no cuentan con servicios públicos, como agua, electricidad, transporte y menos Internet», destacó la diputada Suárez.
Maestros sin protección
Agregó así mismo que si no hay insumos de protección o bioseguridad para los médicos y trabajadores del sector salud, para que no se contagien de COVID-19, “menos se tendrán para las escuelas y liceos que es un universo mayor de personas entre profesores, empleados, obreros, alumnos y padres y representantes”.
En todo caso advirtió la diputada que esta propuesta de no asistir al llamado a clases presenciales a partir del 15 de septiembre debe tener el consenso de todo el sector educativo federaciones, sindicatos y gremios desde pre escolar hasta universitario.
“De esta manera la protesta tendrá contundencia, sobre todo en las regiones. Además, no se corre el riesgo que se tomen represalias contra los profesores que no asistan a los planteles, sean retirados de sus cargos por el régimen, si todos cumplen con esta protesta el régimen no podrá ejecutar su amenaza”, aseguró la parlamentaria larense.
Informó así mismo que se va a nombrar un frente nacional de Educación para que se realicen reuniones en conjunto la Asamblea Nacional y el sector educativo para articular las acciones de protestas en defensa y reconstrucción de la educación en Venezuela, una vez que se produzca el cambio político en el país.
“Debemos 0rganizarnos todos nacional y regionalmente, por lo que hay que hacer un llamado a todos los gremios magisteriales y universitarios, llamar a los sectores de movimiento de base del magisterio, a las organizaciones de profesores jubilados, sector estudiantil, sector de padres y representantes y construir un pliego de exigencias económicas, sociales, derecho de la educación gratuita y obligatoria, presupuesto para las universidades, entre otros derechos. Un pliego de exigencia sobre el cambio político”.
Con información de prensa AN