La subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional, hizo una sesión especial este viernes donde entregó a un representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), evidencias de las violaciones de los Derechos Humanos en las fronteras, específicamente en el estado Apure.
La presidenta de la instancia, Gaby Arellano denunció la presencia de grupos irregulares así como la perdida de la soberanía en esos espacios.
Arellano recobió testimonio de los periodistas venezolanos Sebastiana Barraez y Javier Ignacio Mayorca, acerca de lo que ocurrió recientemente en el sector Tres Esquinas del municipio Páez.
“Nos relataron sobre el asesinato de cuatro funcionarios militares quienes fueron víctimas de grupos irregulares, específicamente de frente 01 y frente 10 de las FARC en conjunto con el ELN, quienes tienen el control de esa zona para el almacenamiento de cocaína», dujo la diputada.
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«Nos explicaban que por la incautación de droga en el mar Caribe de estos grupos terroristas, ha aumentado el almacenamiento de estos estupefacientes en el estado Apure, incrementado el secuestro y la extorción, con la participación y complacencia de una cúpula de la Fuerza Armada Nacional”, agregó.
Arellano indicó que ante estos hechos se comprueba la perdida de la soberanía en estos sectores y ratifica la importancia que el Parlamento venezolano eleve la voz ante los organismos internacionales para que se sepa como el régimen de Nicolás Maduro está entregando territorio venezolano a todos los grupos mafiosos y terroristas del hemisferio.
La OEA
En la sesión participó el representante de Venezuela ante la OEA, David Smolansky, a quien le entregaron la información presentada en la subcomisión.
A su vez, el comisionado consignó el informe sobre los migrantes, refugiados y varados retornados en el marco de la pandemia. Resaltó el incremento de la trata de personas, sobre todo de mujeres venezolanas, en Sucre y Falcón.
“Nos adelantaba que tras la COVID-19 se ha incrementado la violación a los derechos humanos de los venezolanos, hablaba de una cifra de 110 mil venezolanos que han retornado al país en el marco de la pandemia, pero que se les han violentado todos sus derechos en los campos de concentración que tiene el régimen para aislarlos con la excusa del virus”, aseveró.
La parlamentaria enfatizó que siguen documentando las graves violaciones a los derechos de los ciudadanos en las fronteras, donde se sigue ratificando la perdida de la soberanía y las vulneraciones sistemáticas al pueblo venezolano.