La ONG Justicia Venezolana denunció que algunos procesos judiciales tienen retardo de hasta 750 días, cuando se trata de presos políticos militares. La justicia no ha llegado para los castrenses detenidos.
«Hoy denunciamos, con cifras en mano, el grave retardo procesal que vienen arrastrando las causas penales seguidas en contra de los presos políticos militares». Expresó Yonathan Mustiola, director de la ONG.
Mustiola señaló que la organización ha venido denunciando esta situación, incluso antes del comienzo de la cuarentena. «Nos vemos obligados a recalcar (la denuncia) ante el riesgo de contagios y muerte por coronavirus de estos uniformados».
Subrayó además que todo proceso judicial debe ser breve. Recordó que así lo establece el artículo 257 de la carta magna, y las leyes procesales en curso.
«En Venezuela se está aplicando absolutamente lo contrario con estos oficiales institucionales, sometiéndolos al tan pernicioso retraso procesal», sentenció.
Los procesos con retardo
«Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los Comandantes de los Batallones Blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio. En el caso de la operación «Vuelvan Caras», más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público».
«Todo esto, a pesar de que el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal señala que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de los 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al Tribunal de Juicio», detalló.
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El defensor de derechos humanos también acotó que este grave retardo procesal registrado en la mayoría de las causas seguidas a los presos políticos militares no tiene su génesis en la pandemia. Sin embargo, añadió que la paralización de la justicia penal ha acrecentado esta situación que vulnera las garantías procesales de los uniformados que hoy permanecen tras las rejas.
Redacción Lohena Reverón / Curadas