Conindustria se pronunció este lunes contra la Ley Antibloqueo que ya entró en vigencia y que fue sancionada por la ilegítima Asamblea Constituyente. Para los industriales, la norma no es más que «una estocada contra la economía» del país.
«Lejos de apoyar el resurgimiento del aparato productivo nacional, está divorciado de la difícil realidad que enfrenta la industria manufacturera nacional», señala el comunicado del gremio.
Desde Conindustria, y en total apego a la defensa de los intereses de nuestros afiliados, «manifestamos nuestro más categórico rechazo a este dispositivo jurídico que contraviene de manera expresa nuestra Constitución y obvia todos los pasos necesarios para que el mismo revista de la legalidad requerida».
Sobre todo, alerta sobre «la que discrecionalidad se impone en esta Ley que fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que no está revestida de la potestad necesaria para ejercer funciones legislativas en ese ámbito».
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Denuncia que «confiere a las autoridades facultades muy superiores a las ya adjudicadas por vía de Estado de Excepción por Emergencia Económica, bajo la justificación de que es necesaria para contrarrestar los efectos de las llamadas sanciones».
Entre los objetivos descritos en el citado instrumento jurídico, resalta el de “Favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y elevar el nivel de vida de la población”.
Advierten que «tal objetivo luce totalmente distanciado de las causas que han originado la realidad actual de crisis. Durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal, ha ido incrementándose la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en nuestra Carta Magna».
Además, considera que «los derechos del sector privado nacional son constantemente conculcados por estas disposiciones de la ley. Somos un país cada vez más pobre, con una población sumida en la más absoluta de las miserias y con un cementerio de empresas, sin la más mínima posibilidad de seguir aportando empleos dignos y calidad de vida para los habitantes de esta nación».
Por otra parte, la Ley «faculta el ejercicio de un poder ilimitado, saltándose todas las vías y canales regulares que suponen sus límites y controles, poniéndose por encima del ordenamiento jurídico vigente, el cual puede incluso ser inaplicado discrecionalmente. Debido a ello, levantamos nuestras voces de alerta y protesta ante esta nueva arremetida en contra del Estado de Derecho, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
Con información de prensa Conindustria