Un grupo de familiares de presos políticos pidió este jueves al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que medie para conocer y mejorar su estado de salud.
Kerling de Sánchez, esposa del teniente coronel Ruperto Sánchez Casares, preso desde 2014, explicó que “hay presos políticos civiles y militares” y no saben “sus condiciones de salud”, situación que los alarma especialmente por la COVID-19 en el país.
“Mi esposo está preso en la cárcel de Ramo Verde, tenemos meses sin acceso a él y no sabemos sus condiciones de salud. Con una pandemia mundial, la angustia, la desesperación nos come, no sabemos nada de ellos”, afirmó.
Según explicó, acudieron al CICR para solicitarles apoyo y que les “acompañen y sean la vía, el canal” que les permita “poder llegar hasta” sus parientes, reseñó la agencia EFE.
A través de una carta solicitaron a la organización “que se aboque” a ayudarles” a “prestar su mano amiga”, puesto que, según comentó, saben que es una organización que tiene, dentro de sus funciones, “lograr este acercamiento”.
La esposa del teniente coronel subrayó que han tenido información de que la CICR tiene acceso a los centros de reclusión y por esta razón puede que e Sánchez subrayó que “tal vez, sepan” el estado en el que se encuentran sus familiares.
Una de las mayores preocupaciones que tienen los familiares de presos políticos en el país es que sus parientes de hayan contagiado por el coronavirus, así como que sean torturados, “cuál es su estado de salud y condiciones psicológicas”.
“Sabemos que están en cárceles con hacinamiento, donde las condiciones de salud no son las mejores. Solicitamos a todas esas manos amigas que se unan a nosotros, que por favor nos ayuden a encontrar la libertad, que esa es nuestra felicidad, ese sería el logro más grande”, afirmó.
Según datos difundidos el pasado 6 de octubre por la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 359 presos políticos.
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Entre los detenidos se encuentran 335 hombres y 24 mujeres, de los que 232 son civiles y 127 son militares. De ellos, 357 son adultos y dos son adolescentes, según ese reporte de Foro Penal.
El pasado 31 de agosto el régimen Nicolás Maduro otorgó indulto carcelario, a 53 personas y sobreseimiento de diversas causas a otras 57.
Entre ellos, había políticos, asistentes del presidente encargado Juan Guaidó, también había personas detenidas en confusas circunstancias y cuyos casos no contaban con claridad judicial.