La deportación de 16 venezolanos menores de edad por parte del gobierno de Trinidad y Tobago, quienes fueron separados de sus padres y enviados en lancha a Venezuela ha causado estupor.
Desde la Asamblea Nacional destacaron que la medida violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Convención sobre Refugiados de 1951 y derechos de la niñez.
Por esta razón, desde Parlamento condenaron la actuación de las autoridades de Trinidad y Tobago. Al tiempo que plantearon denunciar a instancias internacionales el caso, conformar una comisión legislativa y elevar una queja a la Mandataria de ese país, Paula Mae Weekesy y su primer ministro, Keith Rowley.
Al respecto, Juan Guiadó, presidente (e) de Venezuela, respalda la investigación del fuero legislativo e indicó que están en contacto con el Parlamento de Trinidad y Tobago.
De igual manera anunció que la Comisión Permanente de Política Exterior suscribió comunicaciones a los organismos competentes donde se manifiesta la urgente necesidad de hacer velar y respetar los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados venezolanos.
Elevar una queja ante los trinitarios
La petición fue hecha por la diputada Gaby Arellano, presidenta de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos, quien solicitó a Guaidó elevar una queja a la presidenta de Trinidad y Tobago y a su primer ministro.
“Por ser los responsables de la integridad y la vida de los niños venezolanos que deportaron y lanzaron al mar”. Y de esta manera violando todos los tratados internacionales, la Convención de Cartagena que establece los derechos que goza un refugiado.
“Los venezolanos deben ser tratados como refugiados en todo el hemisferio”, sentenció la diputada quien al mismo tiempo, recordó “que los venezolanos huyen de un tirano para no morir de hambre, mengua o en la cárcel”.
Por, eso pidió, la legisladora levantar la voz con vehemencia para que estas “atrocidades” que son víctimas los venezolanos, no vuelvan a ocurrir en ninguna parte del mundo.
Conformación de comisión parlamentaria
En el debate del referido caso en la Sesión Ordinaria, el diputado Carlos Valero, instó a la comunidad internacional alzar su voz en contra de los tratos crueles y las violaciones de derechos humanos que sufren los venezolanos en Trinidad y Tobago que huyen de la tragedia instaurada por el dictador Nicolás Maduro.
Propuso la creación de una comisión para investigar a fondo estos hechos que lleve hasta las últimas consecuencias a los responsables, entre los cuales, mencionó al primer ministro, Keith Rowley y el Ministro de Estado Seguridad del gobierno trinitario, Stuart Richard Young, a quienes insistió de violar todas normas de las Naciones Unidas sobre Refugiados.
Violación del Principio internacional de No Devolución
Entre tanto, la diputada Karin Salanova, vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia, recriminó al gobierno trinitario por incumplir el derecho internacional sobre el “Principio de No Devolución” que prohíbe a los Estados expulsar de su jurisdicción a las personas, con independencia de su nacionalidad o cualquier otra condición.
Deploró el silencio de las autoridades competentes y de igual, forma del régimen que no se ha pronunciado al respecto.
Exclamó ejercer acciones inmediatas para garantizar la protección y bienestar de los niños y adolescentes migrantes venezolanos, asegurando “que es una obligación de todos los países y aún más, sí son firmantes de la Convención del Derecho del Niño”.
“Nosotros vemos con dolor cómo a estos niños venezolanos, se les negó el derecho de permanecer con sus padres; se les impidió su derecho al refugio, a la salud, a alimentación y educación”, condenó la parlamentaria.
Redacción Lohena Reverón/Con información de nota de prensa.