Dirigentes opositores informaron este martes que llevaron las denuncias sobre la violencia en Apure, producto del enfrentamiento entre las FAN y disidentes de las Farc, a instancias internacionales.
La dirigente de Delsa Solórzano, aseguró que «la masacre de una familia de campesinos registrada en Apure podría configurar un crimen previsto en el artículo 7 del estatuto de Roma.
Reveló que el testimonio emitido por Emir Remolina, hijo mayor de la familia y uno de los más de 4 mil 500 venezolanos desplazados, destaca que en el marco del operativo realizado por el Ejército venezolano les preguntaron, ante de asesinarlos, la nacionalidad, «ellos dijeron que tenían cédula colombiana porque eran colombo – venezolanos», afirmó.
En el hecho, registrado el fin de semana en Apure, fueron asesinados una joven madre venezolana con su esposo, su cuñado y un niño de 17 años. «Hoy todos los sobrevivientes temen por su vida», puntualizó Solórzano.
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«Hemos recabado los testimonios con estricta rigurosidad, con la metodología que exigen las investigaciones en materia de derechos humanos y cada uno de estos testimonios, más de 30, han sido remitidos a los organismos internacionales correspondientes», reseñó, en nota de prensa.
Hasta este martes, tanto la oficina de la Alta Comisionada de DDHH Michel Bachelet, como otros organismos, tienen detalles de las gravisimas denuncias de la familia Ramírez Remolina.
Recordó que en diferentes oportunidades el país ha sido testigo de como el propio Nicolas Maduro le ha dado la bienvenida a los grupos disidentes de la FARC y como han sido amparados por parte de la usurpación en el territorio nacional.
«Lo que está ocurriendo hoy son hechos gravísimos. El ejército parece haber olvidado por completo el mandato del artículo 328 que dice que deben actuar apegados a la Constitución, en resguardo de nuestra soberanía y alejados de cualquier inclinación política», lamentó.
Janet Yucra
Con información de prensa AN