La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), presentó este martes un informe que denuncia que «el Poder Judicial de Venezuela se ha convertido en una herramienta para que el Poder Ejecutivo controle políticamente al país, en lugar de ser un mecanismo de defensa del Estado de derecho».
Se trata del informe Jueces en la cuerda floja de 58 páginas, que documenta «el deterioro de la independencia judicial en Venezuela», debido al control y la influencia política de la administración de Nicolás Madiro y «al rol del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el quebrantamiento de la independencia de los jueces en todo el país».
“La justicia es un derecho humano y es un derecho fundamental para la protección de otros derechos. Sin las garantías esenciales de independencia e imparcialidad de los jueces, no tenemos justicia. Hoy, en Venezuela, el derecho a la justicia no está garantizado, en la medida en que no tenemos un sistema de jueces independientes e imparciales», dijo Carlos Ayala, vicepresidente de la CIJ.
Agrega el escrito que «el TSJ, controlado desde hace mucho tiempo por el Poder Ejecutivo, ha gestionado el colapso del Estado de derecho en el país, ya que más de 85% de los jueces ocupan cargos provisionales, están sometidos a presiones políticas, y reciben presiones directas para que emitan decisiones judiciales en favor del gobierno y en contra de personas defensoras de derechos humanos y disidentes políticos».
“La captura política del TSJ ha colocado a los jueces en la cuerda floja en Venezuela, haciéndolos incapaces de defender el Estado de derecho, proveer la rendición de cuentas por las numerosas y graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, y proteger los derechos del pueblo venezolano», dijo a su vez Sam Zarifi, secretario general de la CIJ.
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Las recomendaciones
De esta manera, la CIJ ha recomendado a Venezuela despolitizar el Poder Judicial en general y en particular el Tribunal Supremo de Justicia.
El informe también establece una serie de recomendaciones específicas para lograr estos objetivos, en particular:
- Avanzar en los procesos de nombramiento de jueces de acuerdo con las disposiciones constitucionales y las normas internacionales;
- Establecer mecanismos independientes y autónomos dentro del Poder Judicial para la selección de jueces y para el ejercicio de las funciones disciplinarias;
- Reforzar la transparencia y la responsabilidad del sistema judicial.
Asimismo, la CIJ hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que «cumplan con los estándares internacionales relacionados con la independencia judicial, así como con las decisiones y recomendaciones de diferentes órganos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Deben permitir el acceso al país de procedimientos y mecanismos internacionales de derechos humanos que contribuyan a la rendición de cuentas y el restablecimiento del Estado de derecho».
La CIJ también insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU «a mantener un mecanismo adecuado para la rendición de cuentas, tras las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, hasta que los fiscales, los tribunales y las cortes venezolanas sean capaces de investigar, procesar y juzgar eficazmente dichas violaciones con independencia e imparcialidad».
Janet Yucra
Con información de prensa CIJ