La administración de Nicolás Maduro, a través del fiscal general, Tarek William Saab, ha cambiado de táctica frente a la Corte Penal Internacional y usó la maniobra del «control judicial» para evitar que este organismo, emitiera el informe que todos esperaban el pasado 15 de junio, cuando Fatou Bensouda dejó el cargo a manos de Karim khan.
No obstante, esa no ha sido la única táctica usada por el madurismo para evitar la actuaciñon de la CPI.
La conclusión la sacó la ONG Acceso a la Justicia que sostiene que las acciones de «Saab han servido para neutralizar una eventual investigación internacional», por parte de la CPI por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
«La solicitud de control judicial que el pasado 26 de mayo el despacho de Saab presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI impidió que Bensouda anunciara si consideraba que se debe iniciar una investigación respecto de Venezuela, por delitos previstos en el Estatuto de Roma y determinar responsabilidades», explicó la ONG.
«Con respecto a Venezuela, me había comprometido a llegar a una determinación final, en la medida de lo posible, durante mi mandato», afirmó la exfiscal de la CPI en su informe final de gestión, publicado el mismo día que la fiscal de la CPI dejaba su cargo, en el que agregó lo siguiente:
«Quizás en previsión de ese resultado, como habrán visto en los medios de comunicación, a la Sala de Cuestiones Preliminares llegó un recurso del Gobierno de Venezuela solicitando a dicha Sala que ejerza control sobre la realización de nuestro examen preliminar».
Ese 15 de junio la Sala de Cuestiones Preliminares dio respuesta al recurso, pero por la confidencialidad solicitada por el Gobierno venezolano no se conoció su contenido.
Sin embargo, el Ministerio Público venezolano publicó un comunicado en el que expresó que en su decisión la Sala no entró a conocer el fondo del asunto, pero «reconoció la colaboración del Gobierno de Maduro con la Fiscalía e invitó a esta a seguir cooperando en el proceso abierto respecto de Venezuela».
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Las maniobras
El primer movimiento ocurrió a finales de marzo, cuando Nicolás Maduro decretó la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La medida aparecida en la Gaceta Oficial n.º 42.105, del 13 de abril pasado, daba seis meses para reimpulsar «su doctrina original de ser una policía eminentemente comunitaria, preventiva, de proximidad; de protección y de autoridad (…) con la finalidad de garantizar eficientemente la seguridad integral y la paz del pueblo venezolano».
El cuerpo ha sido señalado de cometer un importante porcentaje de los 6.856 ajusticiamientos que Maduro le reconoció a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que habían ocurrido en el país entre 2017 y mayo de 2019.
Pero los señalamientos ha sido dirigidos en particular contra las polémicas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), las cuales fueron creadas en 2017 por Maduro para combatir la delincuencia organizada.
Apenas en enero de este año, efectivos de este grupo de la PNB fueron señalados de ajusticiar a unas 23 personas durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega, según denunciaron organizaciones de derechos humanos; de estos señalamientos tomó debida nota la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
No debería sorprender entonces que Bachelet pidiera la disolución de las FAES, solicitud que Maduro ha ignorado completamente. «Todo mi apoyo a las FAES», llegó a decir a finales de 2019.
Con esta maniobra Maduro parece buscar que no lo salpiquen los abusos en los que se han visto involucrados agentes de la PNB y las FAES.
En la misma dirección se debe interpretar una segunda decisión de Maduro, la adoptada el pasado 12 de mayo en la que le ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) entregarle todos los presos que tenían bajo su custodia al Ministerio del Servicio Penitenciario.
Tanto Bachelet como la Misión señalaron a ambos organismos de cometer detenciones arbitrarias y de torturar e infligir malos tratos a los reos en su poder.
Por ejemplo, en la sede principal del Sebin, ubicada en Plaza Venezuela, Caracas, fue asesinado el concejal opositor Fernando Albán el 5 de octubre de 2018. En un primer momento las autoridades quisieron hacer pasar el crimen como un suicidio, pero el pasado 1 de mayo el fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, admitió que esa versión oficial no era correcta.
Por su parte, el 29 de junio de 2019 el capitán Rafael Acosta Arévalo falleció en el Hospital Militar Dr. Vicente Salias, según la versión oficial, tras sufrir un colapso en los tribunales debido a los malos tratos que recibió de parte de sus captores, agentes del DGCIM le propinaron. El militar fue detenido por su supuesta participación en un intento de magnicidio y golpe de Estado, según informó en su momento el Ministerio Público intervenido por la Constituyente.
Justicia aparente
El movimiento más importante que hasta ahora han realizado las autoridades en sus intentos por desactivar un eventual proceso en La Haya lo realizó Saab al dar un giro de 180 grados y anunciar que el estudiante Juan Pablo Pernalete sí murió por culpa de una bomba lacrimógena que le disparó un guardia nacional en abril de 2017, cuando participaba en una protesta.
Pese a que el Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz ya había anunciado que el joven había muerto por la actuación ilegal de efectivos militares, desde Miraflores se sostuvo que había sido asesinado por otro manifestante con una pistola de perno.
Casi cuatro años después Saab reconoció que su predecesora estaba en lo correcto, aunque, por supuesto, obvió este detalle. «Este joven falleció al recibir un impacto con una bomba lacrimógena en el pecho», dijo en una rueda de prensa, donde además anunció que «se logró la imputación de doce funcionarios [de la Guardia Nacional] por el delito de homicidio preterintencional con grado de complicidad correspectiva».
Ese mismo día también reconoció que el concejal Albán no se suicidó lanzándose desde el piso 10 de la sede del Sebin de Plaza Venezuela, como él mismo anunció el 5 de octubre de 2018, sino que habría sido asesinado por sus captores.
Estos cambios no son gratuitos: persiguen hacer ver que en Venezuela se están investigando las violaciones a los derechos humanos. ¿Con qué propósito? Impedir la acción de la CPI, la cual es complementaria, es decir, según explica la organización Abogados Sin Fronteras:
«[Da] primacía a las jurisdicciones nacionales para que sean éstas las que efectivamente investiguen y enjuicien a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, de guerra y/o genocidio cometidos en su territorio” y solo actúa en “los casos en que exista una falta de voluntad y/o capacidad por parte del Estado para cumplir con la obligación de administrar justicia».
¿Los cambios de Saab en los casos de Albán y Pernalete serían suficientes para que los mismos no sean incluidos en una eventual investigación de La Haya? Eso deberá valorarlo el organismo, pero a la luz del informe de la Misión de la ONU no, pues en el mismo se recuerda que los crímenes cometidos en Venezuela no han podido ocurrir sin la anuencia de superiores jerárquicos, por lo que estos deben responder también ante la justicia.
¿Reforma de la justicia?
Una cuarta jugada se produjo el 21 de junio, cuando Maduro anunció la creación de una comisión especial para la reforma judicial, que será presidida por los diputados de la Asamblea Nacional oficialista, Diosdado Cabello y Cilia Flores, y también por la magistrada Lourdes Suárez Anderson, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
¿Cuál es el objetivo de esta nueva reforma judicial? Solucionar en sesenta días el hacinamiento de los Centros de Detención Preventiva y además «tomar las riendas de una revolución completa del sistema de justicia, que va integrar a todos los órganos. En las próximas horas estaremos anunciando su conformación completa, una comisión que tiene que rendirle cuentas al Consejo de Estado».
Según el artículo 251 constitucional, el Consejo de Estado es un órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional, que está integrado por nueve miembros: el vicepresidente ejecutivo, cinco personas designadas por el presidente de la República; un representante designado por la AN; otro por el TSJ y un gobernador nombrado por el conjunto de mandatarios estadales. Es decir, tiene prevalencia del Poder Ejecutivo con seis de sus nueve miembros.
En suma, pareciera que, de acuerdo a las declaraciones antes mencionadas, dos miembros del Parlamento oficialista, uno de ellos, la esposa de Maduro, van a llevar adelante medidas para solucionar el problema del hacinamiento y van a rendirle cuentas a un órgano con predominio del Gobierno. ¿Y el TSJ? Relegado. Solo una magistrada frente a dos diputados es parte de la comisión, y otro magistrado actuará en el Consejo de Estado.
La decisión genera dudas, en especial por las medidas que podría adoptar para descongestionar los centros de detención preventiva sin cometer desafueros, injusticias o dejar impune algún caso, teniendo en cuenta además que los jueces no dan un paso sin consultar sus fallos con el juez presidente del Circuito Penal como indicó la alta comisionada en su informe del 15 de julio de 2020, aunque probablemente lo que ocurra es que las decisiones serán tomadas desde arriba, por la Comisión en cuestión y que deban ser aprobadas por el Consejo de Estado, antes de ser ejecutadas.
Asimismo, hay motivos para dudar de la efectividad de este tipo de acciones. Basta con recordar que en 2020 Maduro anunció otra sacudida al sistema judicial, la cual sería ejecutada por la cuestionada Constituyente, pero esta quedó solamente en un anuncio.
Janet Yucra
Con información de Acceso a la Justicia