La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, pidió a la administración de Nicolás Maduro prorrogar la entrada que una vez más, se toman decisiones que afectan al sector productivo de la economía y a la población en su conjunto, sin haber conversaciones previas con miras a llegar a acuerdos en función de todos.
«El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, IGTF es una demostración de la voracidad fiscal del Estado venezolano y de las grandes contradicciones en materia económica, lo que sin duda perjudicará a la economía nacional y echará por tierra, los ligeros avances que se habían logrado. Es fundamental que el sector oficial observe en el sector privado a un aliado para sacar adelante al país», dijo Polesel en nota de prensa.
«Hemos reiterado nuestra disposición de dialogar, revisar y tomar las mejores decisiones para el avance económico y el bienestar de la población. Sin embargo, las autoridades prestan poca atención a nuestras sugerencias y propuestas», agregó.
Lamentable decisión
Argumentó que «así como se ha producido un incremento desproporcionado en el costo de los servicios públicos, se ha originado una política de aumento de los impuestos municipales en todo el ámbito nacional y ahora el impuesto a las grandes transacciones, que a la fecha se sigue mostrando confuso, costoso, apresurado y altamente dañino para los sectores productivos y todos los venezolanos».
Se trata de la Providencia administrativa SNAT / 2022/0000013, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Seniat, a través de la cual se designan a los sujetos pasivos especiales1 como agentes de la percepción del IGTF.
Los sujetos pasivos especiales pueden ser entes públicos, empresas privadas, personas naturales o jurídicas y una de las consecuencias de ser calificado así por el Seniat es que el contribuyente pasa a ser un agente de retención del IVA. Además, se convierte en contribuyente del IGTF que queda excluido del API Fiscal para determinar el ISLR.
“Uno de los elementos más graves para todos los sectores es que la Providencia entra en vigencia el 28 de marzo y no hay manera de que las maquinas fiscales y los sistemas administrativos puedan estar actualizados para esa fecha”, afirmó Polesel.
Lea también: Fedecámaras aún cree en el diálogo para lograr «un pacto social sólido»
Destacó que el tiempo entre la publicación y la entrada en vigencia de la norma ha limitado la posibilidad de comunicar sus implicaciones a todos los sectores de la economía, de la creación de consensos y de la instrumentación de una campaña institucional que informe sobre los alcances de la Ley.
«En consulta con nuestras cámaras sectoriales y regionales podemos concluir, que nos afecta sensiblemente, aun cuando existe la mayor disposición de colaborar para que sea instrumentado de forma armónica», expresó.
Señaló la dirigente empresarial, que entre los temas vitales figuran las máquinas fiscales. «Si bien es cierto que muchas han sido adquiridas, también se presenta la necesidad de actualizarlas, dado que las actuales no toman la funcionalidad para cobrar el tributo. Hay muchas dudas e imposibilidades en este tema, sobre todo en las regiones que han presentado mayores dificultades para adquirir las referidas máquinas. En general, en el interior hay poca información».
También sostuvo que «el IGTF es un impuesto contraproducente, por cuanto va a gravar toda la operación en moneda extranjera en efectivo y transferencias de personas naturales (estudiantes, amas de casa, trabajadores, comerciantes; servicios en general y personas jurídicas».
Entre las consecuencias menos deseadas con la implantación de este impuesto, figura el incremento de la economía y el comercio informales. Es un impuesto inflacionario que afecta directamente a todas las personas naturales y jurídicas que realicen operaciones en dólares, lo cual va afectar la capacidad adquisitiva de todos.
“No hay duda, opinó Tiziana Polesel, que esta norma va a tener un impacto importante en el consumidor, especialmente, en el de menos recursos, pues en su aplicación no se discriminan los rubros de primera necesidad, afectando al presupuesto familiar”
En conclusión, indicó la presidente del ente comercial, «el gran porcentaje de los sujetos especiales no están preparados para la puesta en vigencia de esta providencia, por lo que en nombre de nuestros afiliados solicitamos una extensión de la prórroga en función de las dificultades e imposibilidades que se han evidenciado en las últimas semanas y días».
“Comprendemos, -dijo la presidente de Consecomercio-, que el Estado está orientado a captar recursos por la vía impositiva, pero lo invitamos a revisar las implicaciones de este instrumento para la productividad y la economía, en general”, aseveró.
Janet Yucra
Con información de Consecomercio