Los militares que protagonizaron los hechos violentos que dejaron como saldo cuatro indígenas yanomamis muertos, en Parima B, en Amazonas, aún no han sido imputados y no serán llevados ante un tribunal.
La información la dio a conocer Olnar Ortíz, representante del capítulo indígenas de la ONG Foro Penal.
Según el activista de los Derechos Humanos, los militares que encontraban en la base aérea de Parima B durante los hechos del 20 de marzo de 2022, simplemente serán reubicados sin ningún tipo de acusaciones para ninguno de los militares.
De acuerdo con Olnar Ortíz, «todavía no pesa sobre ellos ninguna imputación», y su próximo destino sería la base aérea de Maracay en el estado Aragua. En caso de ocurrir, sería una demostración de la falta de justicia y parte del hermetismo con que ha sido manejado este caso.
También sería un incumplimiento del compromiso asumido por el gobernador del estado Amazonas quien aseguró que las exigencias de los yanomamis serían asumidas completamente y que sus denuncias no quedarían vacías.
Los hechos
El 20 de marzo, cuatro indígenas yanomamis fueron asesinados por militares en una disputa por un router propiedad de aquellos.
Este hecho dejó a un adolescente yanomami gravemente herido, y luego de tres semanas y tres operaciones quirúrgicas en el hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, fue trasladado a Caracas.
Este traslado habría sido sorpresivo, según denunció en su momento Olnar Ortiz, al asegurar que el Ministerio Público del estado Amazonas desconocía el procedimiento. Por su parte, el Defensor del Pueblo de la región habría afirmado que el procedimiento sí le fue notificado a su despacho.
ONG como Provea y Fundaredes, temen que estas muertes se silencien, aunque podrían calificar como crimen de lesa humanidad.
“No puede llamarse enfrentamiento a una situación en la que en primer lugar hay una enorme desproporción de la fuerza empleada, y en segundo lugar porque el deber de los funcionarios del Estado debe ser evitar cualquier confrontación y más cuando ellos tienen la ventaja de las armas”, explicó el abogado y coordinador de Provea, Marino Alvarado.
Janet Yucra
Con información de Radio Fe y Alegría y Provea