La Asamblea Nacional ha aprobado la conformación de una comisión especial que investigue el presunto desalojo; ocurrido en el municipio Zamora (Guatire) del estado Miranda.
La comisión estará presidida por el parlamentario Ricardo Molina (PSUV), según trascendió este jueves durante la sesión ordinaria.
Al respecto, el diputado Diosdado Cabello, pidió que se investigue de igual manera la participación del alcalde, Raziel Rodríguez, en los hechos.
«La muestra de ese señor alcalde con su empresario y su policía es una muestra de fascimo (…) Cuando se hace la denuncia dice que está cumpliendo con su deber, por eso planteamos que se instale una comisión que investigue, interpele, haga todo lo que tenga que hacer para parar y frenar cualquier brote fascista en este país», manifestó.
Durante su intervención en la sesión ordinaria del Parlamento, Cabello consideró que la actuación del alcalde es «aberrante» que merece la condena del Poder Legislativo.
«De ser aprobada esa investigación y esa comisión ¿Quién va a pagar los daños? ¿De dónde? ¿De su bolsillo o de la alcaldía? ¿Quién responde por el delito ambiental ocurrido? ¿Van a culpar a los campesinos?», cuestionó.
MP TAMBIÉN INVESTIGA AL ALCALDE
El acto de imputación del alcalde Raziel Rodríguez, por parte del Ministerio Público fue diferido para el jueves 21 de abril.
Rodríguez es señalado de emitir una orden para que funcionarios de la policía municipal tumbaran las casas de unos ancianos; según señaló el máximo representante del Ministerio Público.
Por su parte, el fiscal Tarek William Saab aseguró que los adultos mayores fueron detenidos durante la acción que calificó de represiva.
En respuesta a este caso, el 14 de abril la Alcaldía del municipio Zamora emitió un comunicado en el que aseguró que PoliZamora aplicó el debido procedimiento en Guatire.
Hay que ver que cuando no se tiene oficio pierden el tiempo en tonterias… queren investigar? Hay mas de 5000 empresaa expropiadas por los chavistas ilegalmente que merecen in envestigar. Si les hace falta trabajo investiguen todos los presos politicos ilegalmente.
Tierras, empresas y hasta edificios y centros comerciales confiscados, qué pasó con los responsables de estas acciones? La nacion deberá pagar miles de dólares a Agroisleña, por ejemplo. Y acaso este no es un daño patrimonial?