Venezuela e Irán, los dos países involucrados en el escándalo internacional provocado por la llegada del avión de carga desde México el lunes 6 pasado y que despertó sospechas de espionaje y una causa judicial en trámite, reaccionaron de manera disímil en defensa de sus ciudadanos, aún con sus pasaportes retenidos a la espera de la decisión judicial.
Mientras Caracas dio discretas señales de apoyo al accionar del gobierno, y dejó entrever a sus interlocutores argentinos que centrará futuros reclamos en la Justicia por la detención de 14 ciudadanos de ese país, Irán mantiene el tenso silencio diplomático con el país, mientras critica en público al gobierno por las sospechas en torno a cinco ciudadanos de ese país que terminaron con ellos en un hotel cercano al aeropuerto internacional de Ezeiza.
“Nos hicieron saber que no hablaron hasta ahora para no complicar más las cosas, pero que nos apoyan y agradecen como nos comportamos”, afirmó a este diario una fuente oficial de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, que elogió a Fernández por su discurso en la reciente Cumbre de las Américas, dónde criticó los “bloqueos” a ese país y Cuba.
Desde el gobierno afirman que, llegado el caso, y más allá de la reciente denuncia de uno de los detenidos venezolanos contra la PSA, Venezuela iniciará una demanda judicial contra los responsables de que el avión de Embratur por haber detenido “sin pruebas” a “un vuelo absolutamente normal”. Una postura que difiere de lo expresado por la oposición política, entidades de la comunidad judía y la embajada de Israel, desde donde se criticó la “penetración de Irán en el continente”, y la estrecha relación entre Maduro y el régimen iraní.
“Las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad (en Irán) y este caso forma parte de ello”, dijo el lunes el vocero de la cancillería iraní, Said Khatibzadeh, en crítica directa al procedimiento judicial contra el avión, que perteneció a la empresa Mahan Air, sindicada por Washington por su colaboración en el tráfico de armas y actividades terroristas.
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