A través de la ONG Provea se conoció de una comunicación enviada por el Estado venezolano a la Corte Penal Internacional (CPI), mediante la cual Nicolás Maduro busca impedir la participación de las víctimas en la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Se trata de una carta enviada por Maduro, con fecha del 10 de noviembre, en respuesta a la solicitud del fiscal Karim Khan pidiendo autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI para retomar la investigación sobre Venezuela.
El gobierno de Maduro se opone a la participación directa de las víctimas y sus representantes, pidiendo que se limite a resúmenes elaborados por la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI y limitados solo a los casos presentados por la Fiscalía de la CPI.
Esto significa que ni las víctimas ni sus representantes podrían presentar directamente sus puntos de vista y peticiones, ni tampoco incorporar nuevas evidencias sobre otros casos que puedan ampliar el expediente sobre Venezuela.
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En la comunicación, se pide a los jueces de la CPI que no se permita la participación en este procedimiento de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, países que solicitaron la investigación.
Asimismo, se opone a la solicitud del fiscal para que los jueces adopten un procedimiento expedito para autorizar que se retome la investigación. Pide mayores plazos para responder, y poder hacerlo ante cualquier documento introducido por cualquier fuente dentro de este.
La ONG Provea advirtió «esta estrategia dilatoria busca mantener paralizadas las facultades investigativas del Fiscal de la CPI por el mayor tiempo posible. Corresponde a los Jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares decidir sobre esas peticiones».
Janet Yucra
Con información de Provea