El gobierno de Nicolás Maduro ha estado empañado no solo por diversas protestas debido a la crisis que se vive en el país, sino también por denuncias en materia de derechos humanos, un aspecto en donde sus adversarios son amenazados e incluso, desterrados.
El exilio forzado es un movimiento que está prohibido y viola la Constitución venezolana, que en su artículo 50 dice que “ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”. Así lo subrayó en su momento, Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal.
Por su parte, Milos Alcalay, exembajador de la Organización de las Naciones Unidas para Venezuela, ha explicado que esta medida constituye también una violación a los tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano, según información recogida por Proiuris.
Sin embargo, es una carta que el gobierno de Maduro ha usado en varias oportunidades, siendo el caso más reciente el del exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres.
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