El abogado y experto en derecho constitucional, Sergio Urdaneta, asegura que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo debe ser visto con mucho cuidado, pues aseguró que, de ser favorable el fallo de la CIJ hacia Guyana, sería inejecutable para Venezuela, por ese territorio forma parte de nuestro país y, por ende, estaría cambiando la Constitución.
Cabe recordar que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó este jueves las objeciones presentadas por el Gobierno venezolano en la disputa territorial por el Esequibo, una zona de 160 mil km2 administrada por Guyana desde 1899.
“La objeción por Venezuela debe ser rechazada. (…) Por 14 votos a uno, (la CIJ) determina que puede decidir sobre el fondo de la República cooperativa de Guyana”, dijo la jueza y presidenta de la Corte, Joan Donoghue, al leer la sentencia en La Haya.
Pero la decisión final sobre el territorio no la tiene el organismo supranacional, aseguró Urdaneta, quien enfatizó que solo los venezolanos pueden resolver este conflicto.
En entrevista con el portal Versión Final, explicó que así lo exponen los artículos 10 y 73 de la Constitución venezolana, plasmados en el máximo precepto desde 1811.
“El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”, reza el artículo 10 de la Carta Magna.
Esto significa, argumentó Urdaneta, que cualquier fallo de la CIJ que altere el territorio de Venezuela, estaría modificando la Constitución, pues el Esequibo siempre ha formado parte del Estado venezolano, según lo establecido en las 34 constituciones que se han tenido desde hace 212 años.
“Toda decisión en torno a esta disputa sería inejecutable para Venezuela. Una decisión así comprometería la soberanía nacional porque también compromete su territorio”, reafirmó.
Sobre eso, Guyana defiende que la actual frontera es válida debido a la sentencia de 1899, en la cual se trazó la frontera entre los dos países sudamericanos a su favor.
“La decisión final la tienen los venezolanos”.
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Los antecedentes
El caso está desde 2018 en manos de la CIJ. En 2020, el tribunal dictaminó que tenía jurisdicción para analizar el litigio, pero Venezuela rechazó la decisión.
El abogado especialista en Derecho Administrativo refirió que, de ceder la CIJ el territorio Esequibo definitivamente a Guyana, la sentencia debe ser sometida a un referendo consultivo en el que participe la sociedad venezolana.
Así lo expone el artículo 73 de la Ley Fundamental: “… Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por ciento de los electores o electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral”.
Urdaneta revalidó así que el juez último que decidiría sobre Guyana “no es la CIJ, es el pueblo de Venezuela” a través de ese mecanismo. “La CIJ no puede modificar la Constitución y sobre eso hay que orientar a la población”.
En todo caso, agregó el letrado, la CIJ en su sentencia debería decir que la decisión definitiva “deberá ser ratificada por Venezuela en un referendo consultivo porque si no estaría siendo parcializada la decisión”.
“Si no deja salvaguardado los intereses de Venezuela y el ordenamiento jurídico venezolano, la CIJ no le puede pasar por encima y tiene que entender nuestra Constitución”, agregó.
Un claro ejemplo de ello, rememoró, es la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua por la soberanía del archipiélago de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Aunque este proceso inició en 2013, fue en 2022 cuando la CIJ falló a favor del gobierno de Daniel Ortega, una decisión que fue rechazada por su homólogo colombiano, Iván Duque, quien llevó el caso al Consejo de Estado de su país, mencionó Urdaneta.
“El caso es igual al de Venezuela. El Consejo determinó que la sentencia de la CIJ modificaría la Constitución de Colombia al modificar el territorio, por lo que la respuesta fue que ese dictamen es inejecutable para el Estado”, sostuvo. Este fue un análisis digno de estudio realizado por la Universidad Javeriana.
Con información de Versión Final