Rosnell Carrasco, abogado, profesor y socio de la firma de abogados Iribarren Carrasco, advirtió que la Ley de Extinción de Dominios sancionada por la Asamblea Nacional y promulgada por Nicolás Maduro, tiene «deficiencias que ponen en riesgo los derechos a la propiedad y al debido proceso».
«Un valor fundamental del Estado de Derecho es el principio de la legalidad en toda materia penal, para determinar que una actividad es ilícita, debe haber una sentencia penal, si se desconectan, se altera el debido proceso», explicó, al aclarar que la norma se salta precisamente el paso de la sentencia.
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«Con esta ley primero se tiene la sentencia que confisca los bienes y luego la sentencia sobre el proceso penal, cosa que es incongruente con la ley» añadió, en entrevista con Unión Radio.
La ley destaca que «los bienes declarados en extinción de dominio podrán ser enajenados por el Ejecutivo o conservados en su patrimonio para destinarlos a actividades administrativas”
Carrasco recordó que en otras ocasiones, estos bienes inmuebles se han destinado al funcionamiento de las instituciones bancarias o del Estado.
Con información de Unión Radio
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