Ajuste de bonos del Gobierno «obrero» de Maduro entierra derechos laborales

En contra de los principios de toda la filosofía socialista promovida por el chavismo, Nicolás Maduro anunció un ajuste de la remuneración mensual mínima sin modificar el salario de 130 bolívares vigente desde marzo de 2022, incrementando ligeramente el ingreso de los trabajadores de la administración pública a través de la bonificación, pero magullando sus derechos laborales como consecuencia.

El anuncio de Maduro, hecho ante una marcha de trabajadores militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante el Día Internacional del Trabajador, consistió en incrementar el bono de alimentación de Bs 45 —equivalente $1,81 según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV)— a un monto que represente $40 al momento de hacer el pago, que actualmente se traduciría en Bs 990.

Adicionalmente, el mandatario ordenó reducir el monto que se pagaba discrecionalmente a trabajadores de la administración pública registrados en el Sistema Patria por concepto de Bono de Guerra Económica, de un equivalente en bolívares a $45 a una suma de tan solo $30.

La suma de los bonos, ahora indexados al dólar, aunadas al salario de Bs 130 ($5,25) dan un total de $75. En términos de ingreso, sí se produjo un ligero incremento en torno al 44%, al pasar de $52 que cobraron los trabajadores de la administración pública en abril con el pago del Bono de Guerra Económica, el cestaticket y el salario mínimo, a los $75 que deberían pagarse para el cierre de mayo.

Sin embargo, este aumento en bonos —más no en salario— se traduce en la destrucción de los beneficios laborales conquistados por los trabajadores tras décadas de lucha obrera, contemplados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

El problema central de este ajuste y cambio en la estructura de la es la evasión de los pasivos laborales, pues toda prestación social establecida en una relación laboral entre trabajador y patrono se ve vulnerada al depender de un salario mínimo que quedó anclado en Bs 130, mientras que la mayor parte del ingreso se concentra en unos $70 otorgados mediante bonos sin carácter salarial.

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