«Los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo».
Bajo esta premisa, más de 124 países del mundo han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
Sin embargo, para lograr que el tribunal internacional pueda conseguir el objetivo de castigar hechos como el genocidio y los crímenes de guerra, lesa humanidad y/o agresión, previstos en el Estatuto, es necesario establecer canales de cooperación y complementariedad entre los Estados donde ocurrieron dichos hechos.
Pero, ¿cómo abrir esos canales de cooperación y complementariedad? El fiscal de la CPI, Karim Khan, cree haber conseguido la fórmula y la llama «enfoque de doble vía», informó el portal Acceso a la Justicia.
La idea está contenida en el borrador de política de complementariedad y cooperación, que presentó en septiembre de 2023 y que ha sometido a consulta de los Estados que están bajo la jurisdicción del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), así como de las organizaciones de la sociedad civil, incluida la academia.
El documento, de acuerdo con Khan, contiene «formas novedosas e imaginativas de asociación con las autoridades nacionales, la sociedad civil y todos los actores».
Los cuatro pilares
El «enfoque de doble vía» persigue estrechar la interacción entre la Fiscalía y los Estados para promover la cooperación y la adopción de medidas complementarias, pero sin descuidar su mandato de investigar y enjuiciar los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma, como se explica en el borrador del documento antes mencionado.
También se anuncia que la estrategia estará presente en todas las etapas de la labor de la Fiscalía de la CPI, así como en todas las situaciones y causas. Además, se asegura que podrá converger cuando se realicen —en el plano nacional— procesos genuinos de investigación y condena en las causas pertinentes.
El documento presentado por Khan expone que el «enfoque de doble vía» consta de varios pilares.
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Crear una comunidad de prácticas:
«La Fiscalía establecerá nuevos foros, plataformas y modalidades que permitan el intercambio de información e ideas con sus homólogos nacionales y velará porque se haga un seguimiento activo de los progresos y las medidas que se adopten en el plano nacional con respecto a los crímenes internacionales».
«La Fiscalía está mejorando considerablemente su presencia sobre el terreno en varios países de situación (donde hay investigaciones en curso), con el fin de fortalecer sus actividades de investigación y profundizar su colaboración con las partes interesadas nacionales y las organizaciones de la sociedad civil locales (…) El punto de partida debe ser la realización de actividades lo más cerca posible de las comunidades afectadas».
«La Fiscalía está revisando su arquitectura tecnológica, lo que le permitirá no sólo recibir, procesar y preservar conjuntos de datos de mayor tamaño, sino también clasificar y analizar con eficacia volúmenes de información por medio de herramientas entre las que se cuentan el aprendizaje automático y los servicios cognitivos avanzados. Todo ello situará a la Fiscalía en una posición única para compartir pruebas y productos analíticos en apoyo de los procedimientos nacionales».
«La Fiscalía también está procurando profundizar los debates estratégicos y explorar diferentes vías que puedan conducir a una distribución más eficaz de las causas entre los planos internacional, regional o nacional».
Esta política ha empezado a implementarse en Colombia, Guinea, República Democrática del Congo, Ucrania y Venezuela, donde la Fiscalía ha suscrito memorandos de entendimiento con las autoridades nacionales para apoyar iniciativas nacionales de rendición de cuentas, fortalecer la capacidad de los sistemas de justicia nacionales e incrementar la presencia de la Corte en el terreno.
Gestión transparente
Desde Acceso a la Justicia saludan la voluntad del fiscal Khan de transparentar su gestión en materia de cooperación y complementariedad con los Estados. Sin embargo, nos parece importante moderar las expectativas sobre el éxito de las medidas propuestas por las siguientes razones:
Muchas de las promesas contenidas en el documento dependen de la cooperación del Estado involucrado.
Varios de los Estados que parecen estar más necesitados del tipo de asistencia promovida en el proyecto de política del fiscal hasta ahora no han sido receptivos sobre el tipo de propuestas que Karim Khan quiere llevar a cabo, como es el caso de Venezuela; ejemplo de ello es que hay retraso en la instalación de la oficina de la CPI en Caracas y, además, el segundo memorándum de entendimiento no es público, a diferencia de como es en otros países.
Hay que tener cuidado con las expectativas en el supuesto de investigaciones de la Fiscalía de la CPI en las que las autoridades gubernamentales o locales están en complicidad con funcionarios de alto nivel o con mandos militares investigados, como también —se presume— es el caso de Venezuela.
Adicionalmente, el nuevo proyecto amplía los cometidos de la Fiscalía de la CPI, incorporando actividades asociadas al desarrollo sostenible y la creación de capacidad de los Estados. En este sentido, es necesario que se tome en cuenta la verdadera disponibilidad de los recursos para hacer posible la transformación de la Fiscalía en un órgano de vanguardia en la lucha contra la impunidad que se promete en el documento.
Redacción Curadas.com
Con información de Acceso a la Justicia