Se cumplió un año desde la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, una normativa que busca establecer un sistema uniforme para la creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las organizaciones no gubernamentales y afines; y a su vez controlar el manejo económico y financiamiento de dichas organizaciones.
La ONG Cepaz, alerta que esta ley forma parte de un patrón de restricciones al espacio cívico nacional, en donde se busca vigilar y controlar el funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales.
«Iniciamos el año 2024 con una nueva arremetida; se trata del anuncio por parte de la Asamblea Nacional de una consulta popular sobre este proyecto, bajo la presunción de que las organizaciones no gubernamentales están sirviendo para recibir dinero proveniente de actividades ilícitas y financiar a partidos políticos de oposición con el objetivo de “desestabilizar al país», destaca la organización en nota de prensa.
Es importante destacar que aun sin estar vigente este proyecto de ley, ya existe una lista con al menos 62 organizaciones contra las cuales se aplicaría dicha normativa. Esto evidencia que la normativa es discrecional, subjetiva y guarda consigo una intención de continuar el patrón de criminalización contra estas organizaciones.
Aún más, las amenazas en torno a la promulgación de esta ley no solo se desarrollan en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, bajo un discurso en donde continúa atribuyéndosele un carácter político e ilegítimo al accionar de las organizaciones de la sociedad civil independiente de Venezuela.
Este patrón de criminalización se desarrolla también de forma sistemática en los medios de comunicación controlados por el Estado, en donde, por ejemplo, Diosdado Cabello, en su programa «Con el Mazo Dando», aseguró que todas las ONG deberán indicar de dónde proviene el dinero con el que trabajan y para qué lo utilizan, de lo contrario dichos ingresos serán considerados legitimación de capitales.
Lea también: Pdvsa anuncia que “está preparada” para la reimposición de las sanciones
El espacio cívico está cerrado
La aprobación de este proyecto de ley y la continuidad del patrón de criminalización, ataques y amenazas contra la sociedad civil venezolana, podría representar en este año la estocada final al cierre del espacio cívico nacional.
Al respecto, Civicus Monitor, una ONG internacional que evalúa el estado del espacio cívico en 198 países, publicó recientemente su nuevo informe en el que Venezuela, por primera vez desde el año 2018, fecha en la que inició este monitoreo, recibió la peor la calificación posible al catalogar el espacio cívico venezolano como “cerrado”, como consecuencia de “un ataque constante a los derechos civiles y políticos que comenzó hace más de una década y que continúa en la actualidad”. Esta nueva calificación, de represivo a cerrado, significa un declive en la garantía de los derechos que conforman el espacio cívico y por tanto la imposibilidad de desarrollarse libremente en el mismo.
No es casualidad
El 2024 se presenta como un año electoral para Venezuela, y las organizaciones de la sociedad civil continúan su labor de promoción y defensa de la participación ciudadana libre y plural, como elemento fundamental para vivir en democracia.
Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro en contextos electorales agudiza su mecanismo represor, a través de patrones que persiguen y criminalizan a todo aquel que considere un enemigo a su política de Estado basada en la perpetuación en el poder.
En este sentido, como la labor de defensa, documentación y promoción de los derechos ciudadanos incómoda en el objetivo de perpetuarse en el poder, surge un patrón de descalificación, ilegalización y ataque a las organizaciones de la sociedad civil independiente, sobre todo en contextos electorales, atribuyéndole un carácter político y hasta perverso a su accionar que no es más que trabajar legítimamente en la promoción y exigencia de los derechos políticos de la población.
Con información de Cepaz