Luego del revuelo que ha causado la norma emitida por Ipostel, mediante la cual se regula el servicio de entregas a domicilio o delivery, este miércoles se realizaron las primeras revisiones a la providencia, donde surgió la posibilidad de que la misma sea derogada.
La información surgió de manera extraoficial. Se corrió la especie, sobre todo, luego de una reunión en la sede de la Vicepresidencia, donde acudieron representantes de Yummy, Ridery, Pedidos Ya y Chamos Express, entre otros.
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En el encuentro participaron, además, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a través de un contacto telefónico; Néstor Reverol, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios; y Ramón Velásquez Araguayán, ministro para el Transporte.
En la reunión se trataron varios puntos, como el impuesto de 1% por cada delivery, además del costo de la licencia que debe otorgar Ipostel, la cual tiene un costo de 300 dólares, además de 240 dólares anuales, para renovar el permiso.
Se recuerda que la normativa, publicada en la Gaceta Oficial N.º 42.813, pretende garantizar la “protección de compras efectuadas en negocios activos en plataformas digitales o redes sociales”.
La ONG Acceso a la Justicia denunció que la nueva regulación «viola la libertad económica al dar concesiones para hacer las entregas a domicilio y quitarlas o no renovarlas sin ningún tipo de indemnización»