A 52 días de haber sido detenida, los tribunales acusaron a la activista por los DD. HH., Rocío san Miguel, sin haberle permitido escoger a sus abogados.
“El Ministerio Público presentó acusación contra Rocío San Miguel y Alejandro González, violándosele el sagrado derecho a la defensa, pues no cuenta con defensa de su confianza y la defensa pública que tiene nunca los ha visitado ni realizado actuación alguna para defenderlos”, publicó en su cuenta en X, el abogado Joel García.
García destacó que San Migue fue “a una Audiencia Preliminar sin llevar ni un solo medio de prueba a su favor, sin poder defenderse de esa acusación. ¿Será que, ya acusados, el juez de Control permitirá la designación de defensa de confianza?”, preguntó.
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“Hoy son 52 días privados de libertad, 52 días en los que reiteradamente se ha solicitado al juez de Control la designación de defensa privada, pero el juez, quien debe controlar y garantizar el respeto por sus derechos fundamentales, con su actuación, los viola”, remarcó el defensor.
A san miguel la imputan por los presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo, conspiración, asociación, “espionaje” y de participar en la operación Brazalete Blanco.
Varias ONG defensoras de los DD. HH., como Provea, exigen la liberación de la activista.
“Se cumplen 50 días de la detención arbitraria de la defensora Rocío San Miguel.
No ha podido juramentar a sus abogados, por lo que está vulnerado su derecho a la defensa.
Defender derechos humanos no es delito”, aseveró la organización.