Las leyes estadounidenses y la Constitución brindan respuestas claras solo para algunas dudas que surgen. Otras podrían lanzar al país a territorio desconocido. Donald Trump
Desde que Eugene Debs hizo campaña desde una celda de prisión hace más de un siglo, en Estados Unidos no se había visto lo que podría ocurrir ahora: un candidato importante condenado por un delito grave que contiende a la presidencia. Y nunca antes ese candidato había sido alguien con posibilidades reales de ganar. Donald Trump.
El expresidente Donald Trump ha sido acusado de decenas de delitos graves en cuatro casos, dos federales, uno en Nueva York y otro en Georgia. El primero de ellos en ir a juicio es el del encubrimiento del escándalo sexual en Nueva York, donde el lunes comenzó la selección del jurado.
Por ahora, no enfrenta restricciones formales de campaña, más allá de tener que estar presente en un tribunal, y sigue siendo muy competitivo en las encuestas. Pero algunos de los casos avanzan a un ritmo que podría dar lugar a veredictos antes de las elecciones, y la Constitución y la legislación estadounidense solo tienen respuestas claras para algunas pocas de las cuestiones que surgirían.
Otras llevarían al país por un territorio totalmente desconocido y las decisiones más importantes quedarían en manos de jueces federales.
Esto es lo que sabemos y lo que no.
¿Trump puede contender a la presidencia si es condenado?
Esta es la pregunta más sencilla de todas. La respuesta es sí.
La Constitución establece muy pocos requisitos de elegibilidad para los presidentes. Deben tener al menos 35 años, ser ciudadanos naturales “de nacimiento” y haber vivido en Estados Unidos al menos 14 años.
No hay limitaciones basadas en la reputación o los antecedentes penales (aunque algunos estados prohíben a los delincuentes contender a cargos estatales y locales, estas leyes no se aplican a los cargos federales).
El Partido Republicano y el Partido Demócrata tienen espacios garantizados en las boletas de las elecciones generales en todos los estados y los partidos indican a las autoridades electorales qué nombre poner en su lugar. Los estados podrían, en teoría, tratar de mantener a Trump fuera de las papeletas aprobando leyes que exijan no tener antecedentes penales, pero esto sería sobre un terreno jurídicamente inestable.
“Dejamos que los estados decidan la hora, el sitio y la forma” de las elecciones, dijo Jessica Levinson, profesora de la Escuela de Derecho Loyola especializada en derecho electoral, “pero creo que la mejor lectura de nuestra Constitución es que no se permite que el estado añada nuevos requisitos sustantivos”.
Si bien esa perspectiva no es universal entre los juristas, sí ganó en un tribunal en 2019, cuando California intentó exigir que los candidatos difundieran sus declaraciones de impuestos a fin de aparecer en las papeletas de las primeras. Un juez federal de distrito bloqueó el fallo, al indicar que lo más probable es que fuera inconstitucional. La Corte Suprema de California también la bloqueó de manera unánime como violación de la constitución estatal, y el caso nunca llegó a la Corte Suprema de EE. UU.
¿Y la Decimocuarta Enmienda?
La Corte Suprema dictaminó por unanimidad en marzo que los estados no podían excluir a Trump de sus votaciones en virtud de la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, que descalifica a las personas que “participaron en insurrección o rebelión” después de prestar juramento de apoyar la Constitución.
Numerosas demandas habían argumentado que las acciones de Trump antes de y durante el 6 de enero de 2021 cumplían este requisito. En diciembre, la Corte Suprema de Colorado lo declaró inelegible, y la secretaria de Estado de Maine hizo lo mismo. Pero la Corte Suprema —dirigido por una supermayoría conservadora, con tres jueces nombrados por el propio Trump— concluyó que solo el Congreso tenía potestad para aplicar la Sección 3 a los candidatos a cargos federales. (Cuatro de los jueces, incluidos los tres liberales, querían permitir una gama más amplia de opciones para la descalificación).
El Congreso no va a hacer eso con los republicanos en el control de la Cámara. Y la Decimocuarta Enmienda es independiente de los casos penales, lo que significa que las condenas tampoco descalificarían a Trump.
El Congreso puede designar grupos de personas a los que se aplique la Sección 3 (como las personas que lucharon por la Confederación) o delitos específicos que, en caso de condena, desencadenarían la descalificación, dijo Anthony Michael Kreis, profesor adjunto de derecho en la Universidad Estatal de Georgia. Pero ninguno de los delitos de los que se acusa a Trump conlleva esa pena automática.
“Que Trump sea o no juzgado, condenado, absuelto, es una cuestión distinta de si está o no inhabilitado”, dijo Richard Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California en Los Ángeles.
Uno de los cargos en el caso federal relacionado con los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 —conspiración para violar derechos civiles— una vez llevó una pena de inhabilitación, dijo Kreis, pero el Congreso lo eliminó hace décadas.
¿El partido podría remplazarlo en la boleta?
Ahora que Trump ha asegurado la mayoría de los delegados a la convención republicana, el partido no tiene ningún mecanismo para nominar a otra persona. Según las normas oficiales de la convención del partido, si un delegado intenta apoyar a alguien que no sea la persona a la que lo vincularon los resultados de las primarias, “dicho apoyo no será reconocido”.
Los principales republicanos tampoco han mostrado ningún interés en otro candidato.
Si se viera obligado a retirarse de la carrera después de la convención, los líderes del partido podrían remplazarlo entonces; consideraron hacerlo en 2016 después de la publicación de la grabación de Access Hollywood en la que se jactaba de agarrar los genitales de mujeres. Pero esto es muy poco probable, dado el vigor con el que el partido ha cerrado filas en torno al candidato.
¿Podría votar?
Probablemente no.
Donald Trump está registrado para votar en Florida y, en caso de ser condenado por un delito grave, sería privado del derecho al voto allí.
La mayoría de los delincuentes en Florida recuperan su derecho a votar al terminar de cumplir su condena, incluida la libertad condicional, y el pago de todas las multas y cuotas. Pero es muy poco probable que Trump, en caso de ser condenado, tenga tiempo de cumplir su condena antes del día de las elecciones.
También podría solicitar clemencia, lo que requeriría la aprobación del gobernador —Ron DeSantis, quien compitió contra Trump en las primarias republicanas— y de dos miembros del gabinete de Florida. Chris Taylor, director de asuntos externos de la Comisión de Revisión de Delincuentes de Florida, confirmó que un residente de Florida condenado por un delito grave podría solicitar que se restablezca su derecho al voto a través de ese proceso, incluso si su condena ocurrió fuera de Florida.
Como Trump también tiene residencia en Nueva York, podría cambiar su registro de votante a ese estado para aprovechar lo que sea más permisivo: en Nueva York, los delincuentes pueden votar cuando se encuentran en libertad condicional. Pero, en Florida y en casi todos los demás estados, siguen privados del derecho de voto mientras están en prisión.
Así que si Donald Trump fuera enviado a prisión, se encontrará en la extraordinaria situación de ser considerado apto para ser votado, pero no apto para votar.
¿Qué sucede si resulta electo desde prisión?
Nadie sabe.
“Estamos muy lejos de cualquier cosa que haya ocurrido”, dijo Erwin Chemerinsky, experto en derecho constitucional de la Universidad de California en Berkeley. “Son solo conjeturas”.
Desde el punto de vista jurídico, Donald Trump seguiría siendo elegible para ser presidente incluso si fuera a prisión. La Constitución no dice nada en contra. “No creo que los constituyentes pensaran en ningún momento que íbamos a estar en esta situación”, dijo Levinson.
En la práctica, la elección de un presidente preso crearía una crisis jurídica que casi con toda seguridad tendrían que resolver los tribunales.
En teoría, Trump podría ser despojado de su autoridad en virtud de la Vigésima Quinta Enmienda, que establece un proceso para transferir la autoridad al vicepresidente si el presidente es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”. Pero eso requeriría que el vicepresidente y una mayoría del Gabinete declararan a Trump incapaz de cumplir con sus obligaciones, una perspectiva remota dado que se trataría de leales designados por el propio Trump.
Lo más probable es que Trump pudiera presentar una demanda para ser liberado con el argumento de que su encarcelamiento le impide cumplir sus obligaciones constitucionales como presidente. Un caso así podría centrarse en la separación de poderes y los abogados de Trump argumentarían que mantener en prisión a un presidente debidamente elegido equivaldría a una infracción del poder judicial en perjuicio de las operaciones del poder ejecutivo.
También podría intentar indultarse a sí mismo, o conmutar su sentencia, dejando su condena en vigor pero poniendo fin a su encarcelamiento. Cualquiera de las dos acciones constituiría una afirmación extraordinaria del poder presidencial, y la Corte Suprema sería el árbitro final en cuanto a la constitucionalidad de un “autoperdón”.
O, antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden podría indultar a Trump con base en que “el pueblo se ha manifestado y necesito perdonarlo para que pueda gobernar”, dijo Chemerinsky.
Pero eso no se aplicaría a los casos de Nueva York o Georgia, porque el presidente no tiene poder de indulto para acusaciones estatales.
¿Y qué pasa si resulta electo y una de las causas penales sigue en proceso?
De nuevo, nadie sabe, sobre todo en lo que respecta a los casos de Nueva York y Georgia.
Pero un resultado probable sería que un fiscal general nombrado por Trump retirara los cargos y diera por terminados los casos federales.
El Departamento de Justicia no acusa a presidentes en funciones, conforme a una política esbozada en un memorando de 1973, durante la era de Richard Nixon. Nunca había sido necesario desarrollar una política sobre qué hacer con un presidente entrante que ya ha sido acusado. Pero el razonamiento para no acusar a los presidentes en funciones —algo que interferiría con la capacidad de fungir como tal— aplica del mismo modo en este escenario hipotético.
“Las razones por las que no querríamos acusar a un presidente en funciones son las razones por las que no querríamos procesar a un presidente en funciones”, ha dicho Chemerinsky, que ha estado en desacuerdo con el razonamiento del departamento. “Mi conjetura es que, si el proceso continuara y Donald Trump resultara electo, el Departamento de Justicia— que sería el Departamento de Justicia de Trump— diría: ‘Nos apegamos al memorando de 1973’”.
Esto, como muchas otras cosas planteadas, sería algo sin precedente legal, y es imposible saber qué haría la Corte Suprema si se presentara la cuestión.
En su fallo del caso Clinton contra Jones en 1997, el tribunal permitió que procediera una demanda contra el presidente Bill Clinton. Pero se trataba de un caso civil, no penal, y lo había presentado un ciudadano privado, no el mismo gobierno.
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Fuente THE NEW YORK TIMES