El Gobierno de Joe Biden plantea modificar el sistema de asilo para reducir la crisis migratoria en pleno año electoral.
El Departamento de Seguridad Interior publicó este jueves una norma que agiliza el rechazo a los inmigrantes que no califiquen para esta protección, considerada desde hace décadas uno de los derechos fundamentales de Estados Unidos.
La medida afectaría principalmente a quienes tengan antecedentes penales, lo que las autoridades estiman un universo pequeño entre las decenas de miles de migrantes que buscan acogerse a esta figura.
La ley es solo una pieza más de una serie de iniciativas de migración que el mandatario demócrata desvelará en las próximas semanas y que están dirigidas a atender una de las principales preocupaciones rumbo a las elecciones presidenciales.
“Esta norma permite identificar y remover más rápidamente a los individuos que representen un riesgo a la seguridad y que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos”, dijo, a través de un comunicado Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior del Ejecutivo.
De acuerdo con la institución, la propuesta agiliza el proceso que determina si un migrante puede pedir asilo o no.
Actualmente, quien llega a la frontera estadounidense para solicitar protección es interrogado por las autoridades migratorias bajo la premisa del “miedo creíble”.
Esto le permite seguir en libertad un proceso que puede tardar varios días, o incluso meses, hasta que un juez toma una decisión sobre el caso.
La modificación planteada por el Gobierno de Biden pretende que un agente migratorio haga una valoración inicial sobre si debe negarse el asilo, por ejemplo, en el caso de personas con antecedentes penales o que estime que representen un riesgo para la comunidad.
Los agentes especializados en asilo también podrán tomar en cuenta más temprano en el proceso si un migrante que reclama el asilo puede evitar las amenazas que prueban el “miedo creíble” con una reubicación interna dentro de su país de origen.
Esta permitirá expulsar rápidamente a los inmigrantes que tengan o hayan tenido vínculos con organizaciones terroristas y que puedan ser una amenaza para la seguridad estadounidense.
Hasta ahora, los migrantes que presentan un riesgo para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia del DHS mientras sus casos son remitidos a los jueces de inmigración, un proceso que puede durar años y es costoso.
La nueva regla permite denegar las solicitudes en cuestión de días si hay pruebas de que se les puede rechazar por motivos de «terrorismo, seguridad nacional o penales», explica el comunicado.
Se trata de identificar y expulsar «más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí», dijo Mayorkas.
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La Administración Biden trata de ordenar el flujo migratorio que ha dejado números récords en la frontera con México. El Gobierno habilitó en mayo del año pasado una aplicación llamada CBP One, con la que pretende centralizar las peticiones de asilo.
Las autoridades migratorias han insistido desde entonces que no tomarán en cuenta las solicitudes que se hagan en persona en una garita fronteriza y que estas deben hacerse desde sus países de origen antes de iniciar el viaje al norte.
De acuerdo a las cifras oficiales de Seguridad Interior, 547.000 personas han agendado sus entrevistas iniciales a través de la plataforma digital. Algunos han esperado siete meses para obtener la cita.
CBP One ha sido criticada por las organizaciones de derechos humanos como una forma de restar los derechos de las personas a migrar.
Los cruces ilegales en la frontera han dado un balón de oxígeno al presidente Biden, quien busca reelegirse en noviembre en una contienda frente a Donald Trump, un exmandatario que mostró mano dura en la política inmigratoria. El número de aprehensiones cayeron en enero a 124.000, la mitad del récord registrado en diciembre, 249.735, que se convirtió en el mes con más detenciones desde que se tienen registros.
El número seguía siendo estable en marzo, cuando se contabilizaron 137.000 detenciones. En la disminución ha sido clave el papel del Gobierno mexicano, que ha auxiliado a frenar el paso de muchos migrantes que quieren llegar al país del norte.
Con información de agencias