La Policía Nacional de Colombia en coordinación de la INTERPOL y la Fiscalía General logró desmantelar una organización criminal dedicada a ofrecer y suministrar desde la ciudad de Barranquilla – Atlántico, servicios para la obtención de documentos de identidad colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana y de Venezuela.
En el operativo, según una nota de la institución, se logró la captura de 31 personas, entre ellas, 3 funcionarios activos de la Registraduría de Colombia y 3 de la Cancillería.
Se informó que los cabecillas de esta estructura eran un ciudadano dominicano y una mujer colombiana.
Los 31 presuntos integrantes de esta organización fueron capturados en la ciudad de Bogotá y distintas ciudades y municipios de los departamentos del Atlántico, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cesar, Sucre y La Guajira, según la investigación que inició desde el año 2021.
Los detenidos contribuían de manera coordinada en las actividades de la organización ilegal dedicada al trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes obtenidos de manera fraudulenta.
Con base en los resultados de la investigación y la información obtenida hasta ahora, la Registraduría colombiana anuló 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial, principalmente a migrantes dominicanos.
Por su parte, el coronel Edwin Masleider Urrego, Director de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia, dijo que la organización cobraba entre dos mil y cuatro mil quinientos dólares por suministrar documentos irregulares a migrantes, quienes con esas aparentes identidades colombianas viajaban a México para cruzar por vía terrestre a los Estados Unidos.
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Algunos de ellos se dirigían a países europeos para quedarse del todo allí.
El grupo delincuencial tendría dos cabecillas; se trata de un ciudadano dominicano quien es buscado en 196 países por el delito de tráfico de migrantes y concierto para delinquir y una ciudadana colombiana cuya actividad se vendría realizando desde el año 2021, ella tendría un considerable número de colaboradores entre los que también estarían vinculados seis de sus familiares, todo un clan familiar.
Al menos 11 personas se encargarían de buscar a los migrantes para ofrecer, tramitar y obtener documentos adulterados.
A su vez, 3 empleados activos y 6 exfuncionarios de la Registraduría estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas, mientras que 3 empleados y 3 extrabajadores de la Cancillería, se encargarían de “formalizar” en pasaportes las falsas identidades. Con esa documentación fraudulenta, que les daba apariencia de ciudadanos colombianos, los migrantes viajaban con facilidad por distintos países.
Ante varios jueces de control de garantías y de acuerdo con la individualización de los presuntos roles que ocuparon en la organización delincuencial (cabecillas, captadores, tramitadores, colaboradores o servidores públicos) se dio legalidad a sus capturas, la Fiscalía General imputará cargos por conductas relacionadas con los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito.
Además, solicitará contra las 31 personas capturadas, medidas de aseguramiento y privativa de la libertad.
Con información de prensa Fiscalía de Colombia