La ONG publicóe ste 26 de agosto un balance de los abusos cometidos por el Goebierno de Nicolás Maduro, en el contexto electoral, pero sobre todo, acerca de los hechos registreados luego del 28 de julio.
Este es el informe
El lunes 29 de julio los habitantes de las comunidades pobres de Venezuela se arrojaron a las calles de las principales ciudades del país para exigir respeto a la voluntad popular, en medio de unos comicios que han sido catalogados como fraudulentos tras la divulgación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, sin permitir la presencia de testigos de la oposición en el proceso de totalización de los votos y sin proporcionar acceso pleno a las actas de escrutinio que respalden los resultados emitidos.
Miles de manifestantes tomaron ese día las principales avenidas de Caracas en una jornada que estuvo marcada por la represión y los abusos cometidos por agentes de la fuerza pública y la violencia ejercida por agrupaciones paramilitares conocidas como «colectivos».
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 915 protestas realizadas a nivel nacional entre el 29 y 30 de julio.
Un ascenso vertiginoso de graves abusos contra los derechos humanos, cometidos por las autoridades venezolanas, ha seguido al proceso electoral del pasado 28 de julio.
El precipitado y poco confiable anuncio del CNE, emitido la madrugada del lunes 29 de julio, proclamando ganador a Nicolás Maduro, se produjo en medio de serias denuncias de impedimentos para la verificación del proceso de conteo y totalización de votos por parte de testigos vinculados al equipo de Edmundo González Urrutia, sin acceso pleno a las actas emitidas en cada uno de los centros de votación y en medio de una oleada de ataques armados encabezados por miembros de agrupaciones paramilitares pro-oficialismo y agentes de seguridad, contra ciudadanos que aguardaban a las afueras de los centros electorales por la publicación del escrutinio.
Estas y otras irregularidades atizaron un escenario de conflictividad en las calles del país que tuvo como epicentro las comunidades populares, cuyos habitantes reclamaron la existencia de un fraude.
Lea también: El FBI muestra fotos del arma del agresor de Trump y dice que se informó sobre Biden
Las protestas
Las protestas en Venezuela, que se extendieron por 4 días, fueron duramente castigadas por agentes de seguridad, quienes hicieron uso desproporcionado e indiferenciado de la fuerza, emplearon munición letal o posiblemente letal para controlar a los manifestantes, y no brindaron ninguna garantía para que los ciudadanos pudieran expresarse en entornos libres de amenazas y violencia por parte de terceros.
Está ampliamente documentado el aliento que altas autoridades de los poderes públicos venezolanos dieron a policías y militares -mediante la estigmatización de manifestantes pacíficos–, para que los funcionarios aplacaran las manifestaciones con el uso máximo de la fuerza.
También ha sido registrada la actuación coordinada de miembros de fuerzas policiales y militares con agrupaciones de civiles armados para atacar a los manifestantes.
Testigo directo
El equipo de monitoreo de Provea fue testigo directo de al menos siete ataques cometidos contra testigos de la oposición y ataques a centros electorales ubicados en Caracas, durante el cierre de los comicios del 28 de julio. También ha documentado cientos de abusos cometidos por fuerzas de seguridad y agentes no estatales contra manifestantes y dirigentes sociales y políticos.
El equipo de monitoreo de Provea, presenció a decenas de personas con los rostros cubiertos, portando armas de fuego, a bordo de motocicletas y en compañía de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), recorriendo varios centros electorales de Caracas, hostigando y agrediendo a personas que aguardaban a las afueras de los recintos de votación por la publicación de los escrutinios.
En el Liceo Andrés Bello, uno de los centros de votación más grandes de Caracas, al menos 600 motorizados pro-oficialistas, intentaron ingresar a la fuerza para impedir el conteo de votos. Ataques similares se registraron en otras entidades del país al cierre de los comicios del 28 de julio, registrándose al menos dos personas fallecidas el mismo día de las elecciones.
Miembros del equipo de Provea pudieron comprobar que funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acudían a las manifestaciones realizadas los días lunes 29 y martes 30 de julio, empleando armas de fuego de alto calibre, incluyendo munición letal o potencialmente letal, y ejerciendo funciones de control y supervisión sobre otros funcionarios adscritos a la Dirección de Orden Público de la PNB.
Estas atribuciones no son competencia de la DAET debido a su naturaleza como cuerpo policial de élite sin formación ni equipamiento adecuados para la gestión de manifestaciones, conforme a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a las normas aprobadas por el Consejo General de Policía y a la prohibición expresa de la Constitución Nacional de emplear armas de fuego o sustancias tóxicas en el control de manifestaciones.
Personal de Provea corroboró las presiones que funcionarios de la DAET ejercían sobre otros agentes policiales -de menor jerarquía en la escala policial-, compeliéndolos a reprimir a manifestantes pacíficos bajo la amenaza de ser sancionados.
En la parroquia de Caricuao, al sur-oeste de Caracas, el equipo de Provea constató cómo, tras los piquetes de seguridad conformados por agentes de la Dirección de Orden Público de la PNB, se desplegaban decenas de funcionarios de la DAET, vestidos de civil o uniformados y portando armas de alto calibre, impartiendo órdenes para reprimir a los manifestantes.
Al notar la presencia de nuestro equipo realizando labores de documentación, varios funcionarios de la DAET desalojaron a dos miembros de nuestro personal de la zona señalando que contribuían a la “desestabilización y eran una amenaza para la seguridad”
Todas estas situaciones, se producen en medio de la creciente amenaza y achicamiento del espacio cívico que ha sido denunciada por la sociedad civil venezolana y por los órganos internacionales de protección de los Derechos Humanos.
Contexto pre-electoral
El relanzamiento del Plan Furia Bolivariana en enero de 2023, dejó claro el patrón gubernamental para sofocar la crítica, agravando la situación de erosión democrática y la vulneración de los derechos humanos.
Tras el anunció del plan, más de 140 dirigentes y activistas políticos vinculados al equipo electoral del candidato opositor Edmundo González Urrutia, fueron detenidos por agentes de seguridad y, otros cientos de trabajadores y simpatizantes de su campaña fueron hostigados.
Las denuncias por actos de represalias contra personas que brindaron algún tipo de apoyo a la líder opositora María Corina Machado en la gira que realizó por diversos estados del país, también tuvieron un marcado ascenso.
Pese a que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, enfatizó en su Actualización Oral sobre la situación de derechos humanos y la cooperación técnica del Estado venezolano, presentada en marzo, la necesidad de garantizar “Un espacio libre y vibrante para que las personas expresen sus opiniones”, el relanzamiento del Plan Furia Bolivariana condujo a un ascenso de los abusos, la persecución y el cierre del espacio cívico en el escenario pre-electoral, que trajo consecuencias posteriores al 28 de julio.
El proceso electoral que, como afirmamos, debía servir para abrir el camino hacía el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país, fue empañado por una escalada de graves abusos por parte de las autoridades venezolanas, cuyo propósito ha quedado claro: torcer la voluntad popular y aplastar el descontento de las grandes mayorías.
En marzo pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó la fecha para la celebración de las elecciones presidenciales, el Ejecutivo -apoyado en el Poder Judicial y el Ministerio Público- aceleró la persecución y aumentó considerablemente los actos de hostigamiento contra personas identificadas con la oposición venezolana, como la ratificación de la inconstitucional inhabilitación de varios dirigentes políticos incluyendo a María Corina Machado, quien resultó ganadora en las primarias opositoras de octubre pasado.
Desde entonces aumentaron dramáticamente las detenciones arbitrarias, las amenazas y los mecanismos de coacción y retaliación contra partidarios y simpatizantes de la campaña opositora.
Al mismo tiempo, las autoridades intentaron minar la ruta electoral, imponiendo todo tipo de obstáculos para la participación ciudadana y el derecho a elegir de la población.
El constante incumplimiento de los Acuerdos de Barbados sobre garantías electorales, suscrito por el oficialismo y la oposición, y la negativa a adoptar las recomendaciones formuladas en el informe de la Unión Europea para garantizar elecciones transparentes y competitivas, erosionaron la posibilidad de contar con un proceso electoral ajustado a los estándares internacionales y la legislación nacional que garantizan los derechos a la participación y asociación pacíficas.
Violencia estatal post-electoral
La respuesta gubernamental se ha centrado en la represión a las manifestaciones de descontento mediante el uso desproporcionado de la fuerza, la abierta actuación coordinada entre fuerzas de seguridad y agrupaciones de civiles armados proclives a Nicolás Maduro para aplacar las protestas y las expresiones de descontento, y en el aumento exponencial de las detenciones arbitrarias, registrándose niveles históricos de abusos.
Letalidad en ascenso
Desde el año 2019 la cifra de personas asesinadas en un ciclo de protestas tan breve como el actual, no había sido tan elevada.
En 2024 el número de asesinados, en apenas cuatro días de protestas, se elevó a 25 personas, mientras que en cinco meses de protestas reportadas durante el año 2019, Provea registró 61 muertes de manifestantes en distintas circunstancias vinculadas a la realización de reuniones públicas anti-gubernamentales.
La tasa de letalidad contra las protestas en Venezuela ha aumentado dramáticamente. En este breve, pero intenso período de conflictividad, se registró casi la mitad de las muertes registradas en más de 150 días de protestas del año 2019.
Con información de Provea