La revocatoria de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos, es complicada, puesto que ha dejado en riesgo de deportación a unos 300 mil personas que solicitaron el estatus en 2023, mientras que otros 250 mil tendrían tranquilidad hasta septiembre, cuando se debería tomar alguna decisión sobre su futuro.
Así lo advirtió Nicolás Sifontes, abogado especialista en tema migratorio, quien recordó que «la primera designación del TPS para Venezuela fue en 2021 por 18 meses, fue renovada luego de estos hasta marzo de 2024. En octubre de 2023, el Secretario de Seguridad del momento extiende, previo al tiempo indicado, dicho estatus y da un segundo registro de venezolanos».
«Lo que se está revocando es la decisión del Secretario Alejandro Mayorkas 4 días antes que Biden entregara el poder en el que se unificaba estos dos grupos con protección hasta octubre de 2026. Este mandato de la administración Trump los vuelve a separar entre los del 2021 y los del 2023» añadió., en entrevista con Unión Radio.
Explicó que después de la publicación de dicha medida en el registro federal, «los venezolanos tendrán 60 días de notificación, pero luego quedan en un estado de indefensión».
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El especialista se mantiene positivo porque, «si bien se revocó esta decisión del secretario Mayorkas, la eliminación completa del TPS es algo muy complicado porque hay que argumentar que las circunstancias del país han cambiado. Es evidente que no, además de la gran cantidad de trabas legales que se deben pasar».
«El TPS no es un estatus que lleve a una ciudadanía o residencia permanente, ellos saben que no es un estatus definitivo y deben buscar su forma de permanencia» acotó.
Resaltó que «las mejores opciones de los venezolanos en estas circunstancias es la opción del asilo que sigue siendo válida y se debe hacer en el primer año de haber entrado al país».
Sobre las consecuencias de las medidas contra los migrantes en la economía de EE. UU., Sifontes indicó que ya se ve que los migrantes no van a sus puestos de trabajo o dejan de trabajar en restaurantes y granjas.
“Cruzar una frontera no es un delito, puede ser una infracción civil” señaló.
Finalmente, recomendó a los migrantes tener encima sus papeles de trámites legales como protección.
Con información de Unión Radio