Abogados de Rocío San Miguel desmienten «plan de fuga» denunciado por Cabello

Los abogados de la activista por los DD.HH. Rocío San Miguel, desmintieron las declaraciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello, en relación con un supuesto plan de fuga que habría sido develado hace algunos días.

.»Negamos enfáticamente cualquier intento de presunta «fuga». San Miguel, como mujer respetuosa de las instituciones del Estado, ha rechazado durante su trayectoria pública, privada y comunicacional todo tipo de movimientos insurreccionales, atentados, actos terroristas y violentos o cualquier otra irregularidad que lesione la vida o la dignidad de las personas, vengan de donde vengan», dice el comunicado de los defensores Juan Luis González y Therely Malavé, difundido por redes sociales.

Indican, igualmente que «Rocío San Miguel, permanece, desde su detención, totalmente aislada e incomunicada en el Centro Nacional de Procesados, Penados y Anexo Femenino Caracas I, Máxima Seguridad, que funciona en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y, actualmente, recibe únicamente la visita de su hija».

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Aclaran que la presidenta de Control Ciudadano, «no ha militado ni milita en ningún partido político, tampoco tiene vínculos con organizaciones con fines políticos tanto a nivel nacional como internacional».

Recalcan que «San Miguel es abogada, defensora de derechos humanos en Venezuela con una impecable trayectoria y profesora de Derecho Internacional Humanitario en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela».

Finalmente, lo único que ratifican de las declaraciones de Cabello, es que «Rocío San Miguel debe someterse urgentemente a una cirugía».

También enfatizan en que, «al amparo de la Constitución, Rocío San Miguel pide al Ministro Diosdado Cabello le sea otorgada una medida humanitaria y pueda ser operada lo antes posible en libertad, acompañada en todo el traumático proceso pre y postoperatorio por su única hija, Miranda Díaz San Miguel».

«Hemos denunciado que una administración penitenciaria que tardó cuatro (4) meses en diagnosticar una fractura y pasados dos (2) meses desde su diagnóstico no ha procurado restablecer su salud, obviamente, no esta en capacidad de garantizar una atención médica de calidad, los cuidados postoperatorios y la necesaria rehabilitación que demanda el tratamiento de una patología de ésta naturaleza», concluye.

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