Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y defensores de los derechos civiles se manifestaron en San Francisco, afuera de donde se llevó a cabo la primera audiencia de un caso que impugna la terminación del programa bajo la administración del presidente Donald Trump.
El objetivo de los convocantes es frenar el fin de la medida antes de la fecha límite del 2 de abril, cuando expirará la ayuda humanitaria para miles de beneficiarios venezolanos y haitianos.
“Los demandantes argumentan que las acciones carecen de autoridad y están motivadas por racismo», señalan los demandantes.
» En conjunto, la demanda busca proteger a más de un millón de beneficiarios de TPS haitianos y venezolanos”, dijo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en un comunicado.
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El fin del TPS afectará a unos 500.000 nacionales de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, lo que los coloca en peligro de deportación.
Desde la campaña electoral, Trump prometió que iba a sacar de EE.UU. a más de un millón. De migrantes y en especial a los venezolanos, quienes en las últimas semanas han sido presas de redadas masivas de detenciones y deportaciones que han acabado en el escándalo del envío de 232 a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sin pruebas.
Con información de agencias