Día a día, el segundo mandato de Donald Trump parece a menudo un festival de agravios, con el Gobierno lanzando ataques en todas direcciones contra instituciones y personas que el presidente considera hostiles.
Difícilmente pasa un día sin que Trump presione a un nuevo objetivo: intensifica su campaña contra Harvard intentando impedir que la universidad matricule a estudiantes extranjeros; se burla de los músicos Bruce Springsteen y Taylor Swift en las redes sociales; y lanza amenazas apenas veladas contra Walmart y Apple por la forma en que estas empresas han respondido a sus aranceles.
Puede parecer que la beligerancia panorámica de Trump carece de un tema unificador más poderoso que arremeter contra cualquier cosa, o cualquier persona, que le haya llamado la atención.
Pero para muchos expertos, las confrontaciones que Trump ha instigado desde que regresó a la Casa Blanca están dirigidas a un objetivo común y audaz: debilitar la separación de poderes, un principio fundamental de la Constitución.
Aunque los debates sobre los límites adecuados de la autoridad presidencial han persistido durante generaciones, muchos historiadores y expertos constitucionales creen que el intento de Trump de centralizar el poder sobre la vida estadounidense difiere del de sus predecesores no solo en grado, sino en naturaleza.
Según Paul Pierson, politólogo de la Universidad de California en Berkeley, consultado por CNN, “el nivel de agresividad y la velocidad a la que (el Gobierno) se ha movido” no tienen precedentes.
“Están adoptando toda una serie de comportamientos que, en mi opinión, están rompiendo claramente con la concepción convencional de lo que dice la ley y de lo que dice la Constitución”, dijo-
Mientras que, Yuval Levin, director de estudios sociales, culturales y constitucionales del conservador American Enterprise Institute, también cree que Trump persigue la visión más expansiva del poder presidencial desde Woodrow Wilson hace más de un siglo.
Pero Levin cree que la campaña de Trump será contraproducente al obligar a la Corte Suprema a resistir sus excesos y a limitar más explícitamente la autoridad presidencial.
“Creo que es probable que la presidencia como institución salga de estos cuatro años más débil y no más fuerte”, escribió Levin en un correo electrónico. “La reacción que la excesiva asertividad de Trump provocará en la Corte se volverá en contra del poder ejecutivo a largo plazo”.
Otros analistas, por decirlo suavemente, son menos optimistas de que esta Corte Suprema, con una mayoría de seis magistrados designados por presidentes republicanos, detenga a Trump en su intento de aumentar su poder hasta el punto de desestabilizar el sistema constitucional.
Sigue siendo incierto si alguna institución dentro del complejo sistema político ideado por los fundadores de la nación puede lograrlo.
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Una guerra en múltiples frentes
Una característica definitoria del segundo mandato de Trump es que está actuando simultáneamente contra todos los frenos y contrapesos que la Constitución estableció para limitar el ejercicio arbitrario del poder presidencial.
Ha marginado al Congreso al desmantelar prácticamente agencias creadas por ley, alegando el derecho a retener fondos que el Congreso ya ha autorizado; ha declarado abiertamente que no aplicará leyes con las que no está de acuerdo (como la que prohíbe a las empresas estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros); y ha impulsado enormes cambios en políticas (como los aranceles y la inmigración) mediante órdenes de emergencia en lugar de legislación.
Ha impuesto un control absoluto sobre el poder ejecutivo mediante despidos masivos; el debilitamiento de las protecciones del servicio civil para los empleados federales; el despido generalizado de inspectores generales; y el despido de comisionados en agencias reguladoras independientes (una medida que también representa un ataque a la autoridad del Congreso, que diseñó esas agencias precisamente para protegerlas del control directo del presidente).
Pelea con todos
Trump ha pisoteado las nociones tradicionales de federalismo (especialmente las defendidas por los conservadores) al intentar sistemáticamente imponer las prioridades de los estados rojos, especialmente en cuestiones culturales, a los estados azules.
Su Gobierno ha detenido a un juez en Wisconsin y a un alcalde en Nueva Jersey por disputas relacionadas con la inmigración (la semana pasada, la administración retiró el caso contra el alcalde de Newark y, en su lugar, presentó una acusación de agresión contra la representante demócrata estadounidense LaMonica McIver).
Lo más inaudito han sido las medidas de Trump para presionar a la sociedad civil. Ha tratado de castigar a bufetes de abogados que han representado a demócratas o a otras causas que le desagradan; ha suprimido becas federales de investigación y amenazado el estatus de exención fiscal de universidades que aplican políticas a las que se opone; ha ordenado al Departamento de Justicia que investigue ActBlue, el principal brazo de recaudación de fondos de base para los demócratas, e incluso ha ordenado al Departamento de Justicia que investigue a críticos individuales de su primer mandato.
Los tribunales ya han rechazado algunas de estas acciones como violaciones de derechos constitucionales básicos como la libertad de expresión y el debido proceso.
Con información de CNN