La ONG Provea advirtió que el despliegue de unos 15.000 efectivos anunciado por el Gobierno de Nicolás Maduro, en parte de la frontera con Colombia, «abre las puertas» a «nuevos abusos contra pobladores» de zonas limítrofes con este país.
En un comunicado difundido por su sitio web, Provea indicó que, si bien el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar y defender el territorio y la soberanía, despliegues militares pasados «han demostrado su ineficacia y, lejos de disminuir la presencia de agrupaciones irregulares», han «elevado los abusos contra los pobladores fronterizos».
La ONG aseguró que «una práctica arraigada en la dinámica estatal» es la «imposición de la seguridad territorial hegemónica», caracterizada, según dijo, por el «privilegio del elemento militar-policial (la ‘mano dura’) por encima de otros aspectos de mayor relevancia como el desarrollo social e institucional».
«La narrativa de la persecución del enemigo interno o externo ha servido históricamente de excusa para cometer atropellos y violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional», señaló la organización.
Provea recordó que Maduro promulgó en 2015 ocho decretos de Estados de excepción, que, aseguró, «afectaron a 26 municipios en cuatro estados fronterizos».
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Los argumentos para aprobar esas medidas se basaron en la «presencia del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción y los atentados cometidos» contra la moneda nacional, el bolívar, y contra «los bienes adquiridos con divisas», subrayó la ONG en el texto.
Sin embargo, eso «dio pie a la criminalización y estigmatización de centenares de pobladores fronterizos, quienes fueron acusados de ‘bachaqueros’, ‘contrabandistas’ y ‘traidores a la patria’».
Ahora, la organización alertó que la «nueva militarización de la frontera se produce en un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, en el que la respuesta estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos».
«Por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer castigos ‘ejemplarizantes’ para toda la población, generando con ello la revictimización de cientos de familias», agregó Provea.
El pasado martes, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, anunció el despliegue de buques de «mayor porte» en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, como parte de un refuerzo de la ‘Operación Relámpago del Catatumbo’, que prevé el desplazamiento de militares a regiones fronterizas con Colombia.
En este sentido, indicó que habrá un reforzamiento de vigilancia con unos 15.000 militares en 851 kilómetros de los 2.219 de línea fronteriza con Colombia.
Padrino señaló que el refuerzo de este operativo de seguridad, que empezó en enero de este año, se da ante la activación de una zona binacional «de desarrollo y paz» entre Colombia y Venezuela.
Con información de EFE